Otra América es posible
Desde hace muchos años existen esfuerzos para superar las barreras entre los pueblos de este continente. La integración comercial no refleja esa búsqueda de unidad porque se limita a los grupos de poder en cada país, con las consecuencias negativas bien conocidas. Pero hay una integración desde abajo que ha ido abriendo nuevos espacios para encontrarse en esa otra América de los excluidos. En la otra América los derechos democráticos no están garantizados. Es más, entre los millones de marginados, pobres, sobre todo los indígenas, migrantes y mujeres, la ciudadanía "de baja intensidad" se manifiesta en los niveles más altos de exclusión y violación de sus derechos. Existe una gran disyuntiva entre las transiciones a sistemas políticos multipartidistas, por un lado, y la inseguridad de la mayoría de la población frente a la impunidad y el privilegio de que gozan los inversionistas en el diseño de las políticas públicas. Si bien esta situación prevalece en gran parte del continente americano, las luchas de los pueblos indígenas, de los migrantes y de las mujeres han ido abriendo espacios para imaginar y constuir una América diferente.
Los pueblos indígenas han contribuido enormemente en esta lucha. Además de ser los que con más derecho demandan una reformulación de las estructuras dominantes, son los que cuestionan la visión etnocentrista del desarrollo que los diversos estados nacionales han buscado imponer en nombre del progreso. A partir de los ochentas, los movimientos indígenas han puesto en la agenda política la necesidad de transformar el Estado para que se reconozca plenamente el derecho de libre determinación dentro de un nuevo marco constitucional basado en un nuevo consenso social. En algunos países hemos visto reformas constitucionales importantes (Nicaragua, Colombia y Ecuador, principalmente), aunque en los hechos falta mucho para lograr su plena implementación, debido a varios obstáculos, como son el papel privilegiado de los partidos políticos nacionales, el paramilitarismo y los vetos presidenciales. En otros países los cambios constitucionales han sido ausentes o muy limitados (Chile, Guatemala y México), aunque existen experiencias de resistencia y autonomía local que demuestran que hay que medir los logros de los movimientos sociales en sus prácticas sociales, y no sólo a nivel institucional. En todo caso, la solidaridad y el apoyo a las luchas de los pueblos indígenas han marcado uno de los cambios más notables tanto en el derecho internacional como en la globalización de las resistencias en los últimos 15 años.
El fenómeno de la migración también se ha convertido en una de las principales áreas de organización y solidaridad. Las políticas de inmigración del gobierno de Estados Unidos han provocado una crisis humanitaria en la frontera sur de ese país, forzando a miles de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades a intentar cruzar por el desierto, donde miles han encontrado la muerte. Frente a ello, existen grupos de solidaridad que llevan agua y brindan ayuda a los migrantes en esas zonas inhóspitas, llevándolos a hospitales cercanos si lo necesitan. Al mismo tiempo corren peligro de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza por el delito de "transportar a ilegales", tal como se les ha imputado a dos estudiantes voluntarios en Arizona. La propuesta de ley de inmigración que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos en diciembre busca convertir la solidaridad con indocumentados en delito federal, vulnerando más los derechos tanto de los migrantes como de los que los ayudan. En este contexto es importante que se hayan movilizado miles de personas en Estados Unidos para protestar contra esa iniciativa de ley y para exigir una reforma que privilegie los derechos humanos por encima de los cálculos económicos o de corte electoral. Ese es uno de los propósitos del primer Foro Social Fronterizo, programado para la primera semana de mayo en Ciudad Juárez, el cual terminará con una manifestación en ambos lados de la frontera en contra del "muro de la muerte".
Las mujeres, al igual que los indígenas y migrantes, han ido construyendo nuevos espacios para exigir justicia en contra de la discriminación y la violencia. El asesinato de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua en los últimos 13 años sigue siendo un crimen impune que exige ser detenido, las muertes esclarecidas y los responsables castigados. La impunidad es un agravio en contra de las mujeres y sus familiares, pero también en contra de toda la población que busca la justicia. La violenta negación de la justicia ha sido manifestada otra vez con el reciente asesinato en Ciudad Juárez del abogado Sergio Dante Almaraz Mora, quien laboraba en contra de la tortura y por los derechos humanos en la frontera. El fue invitado a participar en marzo pasado a un foro en la Universidad Estatal de Nuevo México sobre los feminicidios y la violencia contra las mujeres en ambos lados de la frontera. En el foro se reúnen las voces de familiares de las mujeres asesinadas con las de abogados defensores de los derechos humanos, académicos, periodistas, cineastas, fotógrafos y artistas (ver: http://www.nmsu.edu/~artsci/jpt_symp/). Con sus diversos aportes, buscan un alto a los asesinatos y el fin de la impunidad. Las mujeres de la frontera, los pueblos indígenas, los migrantes y todos los que nos solidarizamos en sus luchas demostramos que otra América es posible.
A partir de su primera reunión en la ciudad brasileña de Porto Alegre en 2001, el Foro Social Mundial (FSM) ha sido un punto de encuentro entre movimientos de justicia social y ambiental de muchos países. El foro se ha convertido en un espacio importante para resistir la imposición de la globalización económica y para formular alternativas desde las luchas de las grandes mayorías.
Los primeros participantes en el FSM fueron los movimientos sindicales, ambientales y sociales latinoamericanos, pero sus demandas de lograr relaciones económicas más igualitarios también han sido expresadas por algunos gobiernos nuevos de la región, sobre todo el de Venezuela. El FSM se construye con base en los esfuerzos locales de crear nuevas formas de democracia participativa. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores en Brasil ha ido promoviendo un modelo exitoso e innovador de participación comunitaria en la formulación del presupuesto anual de Porto Alegre, proceso que involucra a miles de residentes en la planeación e implementación de aquellas obras públicas y servicios sociales que la misma comunidad prioriza.
El FSM celebró sus tres primeros encuentros en Porto Alegre y se ha reunido en India (2004), Ecuador (2005) y Venezuela (2005). Muchos grupos de Estados Unidos están participando y ahora están en proceso de organizar un Foro Social en Estados Unidos para julio de 2007. Algunos de estos grupos trabajan por la justicia social en la frontera EU-México y han convocado a las organizaciones locales y transfronterizas a participar en el primer Foro Social Fronterizo del 1º al 7 de mayo de 2006. Son principalmente organizaciones de trabajadores, campesinos, ecologistas, mujeres y jóvenes.
El 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, se celebrará con eventos simúltaneos en distintas ciudades fronterizas. El encuentro del Foro Social Fronterizo sigue, del 3 al 5 de mayo en Ciudad Juárez, con análisis, testimonios y actos culturales sobre los principales problemas que enfrentan a la población fronteriza: pobreza, racismo, contaminación, militarización, violencia y corrupción.
Especial atención se dará al tema de la violación de los derechos de los inmigrantes y el foro se manifestará en contra de las propuestas de ley que buscan construir más muros en la línea fronteriza. El Foro Social Fronterizo es una oportunidad importante para seguir construyendo coaliciones transfronterizas en la lucha por la justicia global. Otra América es posible y este foro es un buen lugar para ayudar a que se haga realidad.
* Profesor-investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces.