Escenarios
El mundo está siendo sacudido por la resistencia social a medidas que buscan alinear la legislación a los requerimientos del proyecto dominante. En Francia, el gobierno derechista se ha propuesto aplicar contratos de trabajo para jóvenes, con lo cual se eliminan las defensas laborales obtenidas por generaciones de trabajadores. En Estados Unidos, trabajadores migrantes enfrentan en las calles la propuesta republicana de suprimirlos del mercado de trabajo. En México, la contienda electoral ha llevado a los defensores del status quo a intentar amarrar al puntero para que, aunque gane, no pueda cambiar nada.
El nuevo marco legal presupuestal ha obligado al gobierno foxista a iniciar el proceso para el próximo año con la publicación de sus estimaciones económicas. Se trata de variables claves para construir la propuesta programática presupuestal de 2007. Crecimiento, inflación, tasas de interés primarias, tipo de cambio, déficit en cuenta corriente, déficit fiscal y precios del crudo y plataforma de exportación expresan lo que se propone la conducción económica actual y, por ello, lo que sucedería con las condiciones de vida de la mayor parte de los mexicanos.
En materia de crecimiento Fox ofreció en su campaña una economía expandiéndose a ritmos altos y habrá logrado en el sexenio un incremento promedio del producto de 2.2 por ciento, lo que implica que el producto por habitante, que es el indicador relevante para medir el nivel de desarrollo, apenas aumentará medio punto porcentual al año.
Para 2007 el gobierno estima un magro 3.6, lo cual implica que el PIB reducirá el crecimiento de 4 por ciento que se piensa lograr en 2006. Ello ratifica que el grupo que conduce la política económica no ha logrado expandir la capacidad de crecimiento potencial de la economía, dejándola en 4 por ciento, lo que nos aleja cada vez más de nuestros principales competidores, que crecerán entre 8 y 10 puntos porcentuales anuales en 2006-07. Es claro que el sostenimiento de este manejo económico, que es lo que propone Felipe Calderón, consolidaría la tendencia al estancamiento estabilizador.
Un sentido diferente tiene el planteo de Andrés Manuel López Obrador. El aumento de la inversión pública a partir de reducciones en el gasto corriente alentaría una dinámica virtuosa. La reducción de precios en los insumos energéticos regresaría competitividad a la economía y, por ello, sería un estímulo poderoso para el crecimiento. El fortalecimiento de la industria petrolera y su consecuente mejora en la balanza de divisas abrirá márgenes de maniobra de los que se carece. De modo que el equipo económico que sustituya a los neoliberales tendrá que proponer una meta de crecimiento claramente mayor. Pero más relevante aún es el planteamiento de garantizar incrementos reales en las remuneraciones de los asalariados, lo cual actuaría iniciando un recorrido que permita corregir la enorme desigualdad en el ingreso. La meta de inflación que se propone el gobierno puede compartirse. Hay dos condiciones: las tasas de interés que cobran los bancos deben reducirse, lo mismo que las comisiones. Guillermo Ortiz lo dijo en la pasada convención bancaria, que no les gustó a los banqueros, abriendo un interesante espacio para discutir la mejora en la competitividad, a partir de atemperar los excesos de los dueños de los bancos. Además, con ello será posible flexibilizar la política monetaria, lo que posibilitará crecer y crear empleos. Con estas nuevas condiciones las tasas primarias podrían reducirse más rápidamente. El gobierno foxista estima un promedio anual para Cetes de 7.3 por ciento, que, con mejores condiciones competitivas, podría ser de 6-6.5.
Una reducción en el costo de la deuda interna, que ha aumentado sensiblemente en los años foxistas, permitiría utilizar recursos destinados al pago de intereses para financiar proyectos de inversión pública con amplios impactos. Sin embargo, podrían ser insuficientes. Por ello, con responsabilidad pudiera corregirse la meta foxista de equilibrio fiscal, planteando un déficit de medio punto del producto, lo que equivaldría a 450 mil millones de pesos. Se trataría de un endeudamiento público perfectamente manejable, que por su destino impactaría la actividad económica y, en consecuencia, generaría sus propias fuentes de pago.
El escenario apuntado, diferente del oficial, corregirá la propuesta que presentará el gobierno. Esta corrección se fundamentará, además de las consideraciones señaladas, en los resultados electorales. El 2 de julio se aprobará una propuesta económica diferente a la que no ha gobernado en 24 años. Se formará un nuevo gobierno, con prioridades distintas y enorme responsabilidad. Una mayoría parlamentaria será necesaria para desarrollar lo ofrecido. De eso tratará la campaña los próximos 90 días.