Católicas por el Derecho a Decidir
Estado laico y derechos de las mujeres

Por María Consuelo Mejía *

En lo que tiene que ver con la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, en México estamos viviendo un momento de importantes definiciones. No solamente por el caldeado proceso electoral, sino porque los fundamentalismos de derecha han ganado importantísimas posiciones que ponen en riesgo el ejercicio de estos derechos.

En este contexto, el carácter laico del Estado mexicano es la condición imprescindible para la protección de las garantías individuales de todas las personas y para el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

Afortunadamente, la Constitución y las leyes respaldan estas garantías. De lo que se trata es que en realidad se respeten y se cumplan. Nos referimos a los artículos 3º y 4º y a las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, que hoy demandamos se promuevan y protejan. La dignidad humana exige que se respete por igual la conciencia y la libertad de toda persona, lo que significa llanamente que nadie puede decidir por otra persona ni imponerle sus convicciones. Las experiencias de silencio y exclusión que hemos vivido las mujeres católicas deben servir como ejemplo.

Además de mantener una nítida separación entre el Estado y las iglesias, el laicismo implica el reconocimiento de la soberanía popular y de la igualdad jurídica de ciudadanas y ciudadanos ante la ley, así como la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, de creencias, de culto, expresión y de asociación. De aquí se desprende la libertad de decisión sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir en todas las esferas de la vida privada: el dominio sobre el propio cuerpo es un principio de libertad sin el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía y la democracia.
Se trata pues de pugnar por el estado de derecho y por un régimen de libertades básicas que reconozca y respete la pluralidad política y religiosa, la multiculturalidad étnica y racial, la diversidad sexual y la autonomía individual.

Por las razones expuestas, proponemos:
• Introducir el concepto de la laicidad del Estado en el texto constitucional.

• Ampliar el Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de manera que se garantice la laicidad del Estado, estableciendo mecanismos de sanción a los funcionarios y funcionarias, así como a los ministros de culto que violen esta Ley.

• Armonizar la legislación en el ámbito federal y local con los convenios internacionales y demás instrumentos de derechos humanos firmados por México en materia de equidad de género, derechos y no discriminación.

• Instrumentar efectivamente las recomendaciones de las Plataformas de Acción de Cairo y Beijing, así como las Metas de Desarrollo del Milenio, con el objetivo de mejorar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, confiriéndole especial atención a la dignificación de una maternidad sin riesgos, saludable, elegida y feliz, que frene los altos índices de mortalidad materna que todavía prevalecen y mejorando el acceso de las mujeres al aborto seguro en los casos que permite la ley.

• Especificar la preferencia sexual como factor de no discriminación, en el Artículo 1° constitucional; legislar en concordancia con la propuesta de Ley de Sociedades de Convivencia en el ámbito federal y local y promover el combate a la homofobia a través de políticas, programas y campañas educativas.

• Fortalecer la educación laica y gratuita dirigida a la formación de una ciudadanía respetuosa de las diferencias, tolerante, libre de prejuicios, opuesta al estigma y la discriminación, conocedora y defensora de sus derechos civiles, con conciencia ética y abierta a los avances científicos y las transformaciones culturales.

• Establecer un programa de educación sexual integral adecuado a todos los niveles escolares, dirigido a la formación de generaciones de jóvenes responsables de su vida y de sus decisiones, de manera que puedan disfrutar de su sexualidad con placer y armonía, defendiendo sus derechos y previniendo efectivamente la pederastia, el abuso sexual, los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Integrar a este programa la experiencia de las ONG en cuanto a producción de materiales y capacitación y lanzar campañas de educación sexual en los medios de comunicación con énfasis en el uso del condón.

Los derechos civiles, sólo garantizados a través del Estado laico, son aspiraciones éticas, en el sentido de que representan modelos de relación humana, y también implican un compromiso del Estado. Es indispensable que éste los proteja, y que no admita ninguna imposición que los vulnere. En el marco de los derechos civiles no hay privilegios ni jerarquías: todas las personas valen lo mismo, no hay grados de humanidad, todas tienen el mismo derecho a conducir su vida de la manera que elijan, respetando el derecho de las demás. El límite del derecho a decidir está en el derecho de los demás.

El respeto al derecho ajeno es la paz

* Directora de Católicas por el Derecho a Decidir, AC. Agradezco a mis colegas del Frente por la Cultura Laica por su generosa contribución para la elaboración de este texto.