Descontento de vecinos de Tarija por falta de energía eléctrica, agua potable y gas
Niega el gobierno boliviano que los bloqueos vayan a ser desalojados por la fuerza pública
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Miembros de la comunidad boliviana que viven en Argentina se manifiestan en Buenos Aires con banderas ind�genas y de su pa�s por mejores condiciones de trabajo FOTO Ap
La Paz, 7 de abril. El ministro de Defensa boliviano, Walker San Miguel, negó que vayan a ser desalojados por la fuerza pública los bloqueos carreteros que desde hace ocho días impiden el tránsito en la zona de El Chaco y que mantienen varados cientos de camiones y centenares de pasajeros en la frontera con Argentina.
Mientras tanto, en la ciudad de Tarija el problema de falta de servicio de energía, agua potable y gas está afectando no solamente a restaurantes e industrias sino a vecinos y hasta los mismos mercados, que deben aprovechar sólo seis horas de energía y el resto recurrir a las velas.
En medio del malestar de los vecinos, Servicios Eléctricos de Tarija aplica racionamientos rotatorios en los barrios citadinos, debido a la falta de gas natural para las turbinas generadoras de La Tablada, informó el diario El Deber.
San Miguel informó además que se utilizará una vía alterna, por Brasil, para abastecer de diesel a Santa Cruz y evitar que se paralice la cosecha de soya, y se enviarán además aviones Hércules para evacuar a los pasajeros que han quedado varados en los cortes de ruta.
En conferencia de prensa en la sede de gobierno, el funcionario aseveró que el conflicto limítrofe interprovincial entre Gran Chaco y O'Connor, por la posesión del megacampo gasífero Margarita, debe resolverse mediante el diálogo.
"No podemos forzar una solución con el uso de la fuerza; esto se desactiva con una actitud jurídicamente consecuente de la prefectura" de Tarija, y exhortó al prefecto, Mario Cosío, a declinar la competencia que tiene en dicho problema conforme a la ley, para permitir la actuación del gobierno central ya que, dijo, ha tenido en sus manos este conflicto "más de 400 días" sin resolverlo "por falta de decisión jurídica".
Además, afirmó, delegó el proceso de negociación en el secretario general de la prefectura porque tiene un conflicto de intereses en el problema limítrofe.
El ministro de Defensa negó también que los campos petroleros en El Chaco hayan sido "militarizados", sino que ante la insuficiencia de efectivos policiacos en la región se recurrió a militares para que resguarden las instalaciones petrolíferas.
Informó que luego de una inspección en la zona de la Quebrada del Mono, distante siete kilómetros de la ciudad de Villamontes, donde una riada dañó tres ductos de Petrobras y uno de Transredes, pudo constatar que avanzan rápidamente las obras de reparación, por lo que a más tardar el próximo lunes se normalizarían los servicios de abastecimiento de gas, energía eléctrica y agua potable en la ciudad de Tarija.
Sin embargo, la reparación del poliducto de Petrobras podría tomar 30 días.
Por su parte, en declaraciones a medios de comunicación, el prefecto Cosío y el secretario general de la prefectura de Tarija, Arturo Lema, criticaron la "tardía" actuación del gobierno central en el conflicto.
Lema subrayó que el presidente Evo Morales ha visitado otros lugares donde ha habido desastres naturales y en el caso de Tarija los funcionarios llegaron cinco días después, pese a que desde el viernes pasado le habían advertido de las amenazas de bloqueo de los vecinos de El Chaco, para que tomara los recaudos y así hacer frente al problema.
Por otra parte, el vocero de la presidencia, Alex Contreras, informó que una misión de funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Trabajo viajará este sábado a Buenos Aires, para investigar la situación de explotación en que viven miles de bolivianos en Argentina, así como las acusaciones de presunta complicidad del cónsul boliviano, Alvaro González, en esa situación.
En otro orden, llegó a su quinto día la huelga de hambre de 11 integrantes de la Alianza Estratégica por la Inclusión de las Diversidades -que agrupa a discapacitados, afrobolivianos, adultos mayores y gays- en demanda de que se incluyan algunos de sus representantes en las listas de candidatos a la Asamblea Constituyente del Movimiento al Socialismo.