Señalan que los puso en último lugar en una lista de acreedores de la empresa
Ex trabajadores textiles denuncian que un juez afectó sus derechos laborales
Al solicitar revisión del fallo, les pidieron una caución por detener pago de indemnizaciones
Ex trabajadores de la empresa textil Compañía Industrial Veracruzana denunciaron que el juez octavo de distrito en materia civil del primer circuito, Carlos Manuel Padilla Pérez-Vertti, actuó con "parcialidad y desapego" a lo establecido en las leyes laborales, al situarlos en último lugar, en una lista de más de 500 acreedores que posee la citada compañía.
Con esto reduce al mínimo las posibilidades para que dicha textilera, la cual se declaró en quiebra el 8 de febrero pasado, pueda cumplir con las obligaciones que tiene con sus ex empleados en lo concerniente al pago de salarios caídos, liquidación, primas de antigüedad y otras prestaciones.
María Luisa Campos Aragón, apoderada legal de los afectados, precisó que el juzgador "violó el artículo 123 constitucional en su apartado A fracción 23, al ponerlos en ese último lugar, pues allí se establece que los trabajadores son preferentes ante cualquier otro acreedor".
Agregó que lo más grave es que en esa extensa lista de acreedores le dio "prioridad a bancos trasnacionales, instancias gubernamentales y proveedores particulares, a los que adeuda, en algunos casos, cifras millonarias en dólares y euros", mientras que el débito de la textilera con sus ex trabajadores es de apenas "50 millones de pesos".
El problema es que al declararse en quiebra, el síndico Pablo Mendoza García, el cual fue asignado como administrador de la quiebra el 10 de marzo pasado, deberá atender los pagos de acuerdo con la lista elaborada por el juzgador, y dado lo abultado de su deuda, existe la posibilidad de que no alcance para todos, más aún si los ex empleados son los últimos".
Ante esta situación, la también ex presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos informó que se interpuso un amparo indirecto el 13 de febrero pasado, cuyo número de expediente es el 20/2006. "Esperamos que el magistrado del segundo tribunal unitario, Gabriel Montes Alcaraz, resuelva conforme a derecho".
Sin embargo, en la resolución de este recurso ya ocurrió una "aberración jurídica", pues "nos notificaron que los trabajadores deben depositar 30 mil pesos para, eventualmente cubrir daños y perjuicios en contra de los demás acreedores, pues el proceso de repartición de los recursos se detendría. Pero esto es ridículo, pues a los demás acreedores se les deben sumas millonarias; obviamente 30 mil pesos no cubren eso. Pareciera que esto sólo se hace para frenarnos, porque saben que los ex empleados no cuentan con recursos", comentó.
Pero las "irregularidades" en esta textilera, que contaba con más de un siglo de antigüedad y era una de las principales en el corredor industrial veracruzano, pues exportaba telas a Europa y Estados Unidos, no sólo se limita al juicio en cuestión.
"Pese a que la fábrica, propiedad de Adolfo de Valle Ruiz y Jesús Santos Burgoa se declaró en quiebra, se estalló una huelga, y no obstante esto último sigue produciendo telas, pues están en labores unos 130 trabajadores. Todo esto es más que irregular", expuso en entrevista con este diario Hipólito Flores Alonso, ex trabajador de la textilera y líder de los afectados.
El problema de los 400 despedidos "injustificadamente" por la Compañía Industrial Veracruzana se remonta al 19 de agosto de 1999. En esa fecha, y por violaciones al contrato colectivo de trabajo, los trabajadores estallaron la huelga. El 26 de septiembre de ese mismo año "unos 300 elementos policiacos realizaron un desalojo violento de los trabajadores y en esta acción murió un compañero. A 15 nos detuvieron y acusaron de homicidio, y nos mandaron al Cereso de Orizaba tres años, luego nos absolvieron y ni disculpas nos dieron", relató Flores, al subrayar que desde esa fecha "estamos luchando en los juzgados".
La situación económica de los despedidos es "difícil", porque la empresa nos "boletinó. Por esto algunos ya se han ido de mojados a Estados Unidos, ha habido divorcios y múltiples problemas familiares", narró.
Lo curioso es que en medio de esta lucha judicial, de la quiebra y de que la textilera "sigue trabajando pese a estar en huelga, el 7 de enero pasado el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, llegó a la empresa y dijo que quería convertirla en cooperativa, cuando ello es imposible porque hay un juicio de por medio".