"Es legítimo el reclamo" de las ONG: Derechos Humanos de Gobernación
Hoy entrega el Estado a la CIDH informe sobre la exclusión de radios comunitarias
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En imagen de archivo, integrantes de diversas organizaciones y estudiantes durante una protesta contra la aprobación de los cambios a la Ley Federal de Radio y Televisión
Foto: Marco Peláez
El Estado mexicano debe entregar hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe sobre la marginación de las radios comunitarias, consecuencia de las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión.
El gobierno federal mantiene bajo reserva los términos de la solicitud girada por el organismo regional y, hasta el momento, el sentido del reporte que enviará este domingo por conducto de la cancillería para dar cumplimiento al plazo límite -este 9 de abril- establecido por la CIDH.
Ricardo Sepúlveda Iguíniz, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), admite que la denuncia promovida a escala internacional por diversas organizaciones no gubernamentales "es un reclamo legítimo".
Cuidadoso de no revelar el contenido de la solicitud y el informe, acepta que la función de las radios comunitarias se inscribe en el derecho internacional, en el capítulo de la libertad de expresión.
"Es un tema de legítimo reclamo", subraya el funcionario, encargado de coordinar la recopilación de información entre los tres poderes de la Unión, pues la respuesta que espera la CIDH no es del gobierno foxista, sino del Estado mexicano en su conjunto.
Por ahora la CIDH inició un proceso para recabar información y tras recibirla decidirá si inicia, desecha o abre un caso. En ese momento convocaría a una audiencia para pronunciarse inclusive por una recomendación a México para que corrija los hechos que pudieran afectar la continuidad y tenencia de los permisos de algunas radios comunitarias.
De modo alterno, los opositores a la reforma han advertido que interpondrán también una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 30 de marzo pasado la mayoría de senadores avaló la reforma a la llamada ley Televisa, que el primero de diciembre aprobó la Cámara de Diputados.
Como advirtieron en su momento legisladores y especialistas en el tema, la enmienda beneficia a los grandes concesionarios, pero golpea a los medios públicos y a las radios comunitarias, al dejar que el mercado rija el espacio radioeléctrico.
En la ley Televisa se deja fuera el interés social como criterio en subastas y licitaciones para permisos y concesiones; es decir, impone criterios mercantiles a la asignación de nuevas frecuencias.
En particular, la enmienda pone en serios aprietos a los medios públicos y radios comunitarias (que operan en zonas rurales y urbanas marginales), porque no contarán con los recursos económicos y técnicos para hacer frente al cambio tecnológico del sistema análogo al digital.
De por sí con la legislación previa debían sortear múltiples obstáculos para obtener un permiso, hasta de la Secretaría de la Defensa Nacional y "otros de tipo policiaco, como si fuéramos delincuentes", señaló Aleida Calleja, del capítulo México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, grupo que junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) expuso ante la CIDH los términos de la modificación.
Pese el carácter reservado del documento girado por la CIDH, La Jornada dio a conocer el miércoles pasado el recuento de ese organismo, el cual apuntó que la reforma recién aprobada es incompatible con la democracia. Advirtió que es "inadmisible" que el Estado mexicano establezca "marcos legales discriminatorios" y "con criterios únicamente económicos" para el otorgamiento de concesiones y licencias.
Las organizaciones civiles advirtieron que la reforma podría afectar la tenencia y las licencias de las radios comunitarias de grupos minoritarios de la población, como indígenas y otros sectores vulnerables.
Sepúlveda Iguíniz señaló en entrevista con este diario que el Estado mexicano dará respuesta "puntual, en término, seria y congruente" con los compromisos en la materia, especialmente en el rubro de libertad de expresión del Programa Nacional de Derechos Humanos. El funcionario negó que se haya mentido al organismo, como mencionaron los grupos promotores de la denuncia.
"Ellos (la CMDPDH y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias) no se refieren a que hayamos mentido, sino quieren hacer ver, según entiendo, que habría una (in)congruencia en los compromisos del Estado mexicano con la aprobación de estas reformas", aseveró.