Publicó en el Diario Oficial el decreto de las leyes de telecomunicaciones y radio y tv
Se doblegó Vicente Fox y con su firma consolidó el duopolio de las televisoras
Hoy entra en vigor la nueva legislación en los mismos términos en que fue aprobada por los diputados
Con las firmas de los titulares de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Con este trámite, hoy entra en vigor la llamada ley Televisa, exactamente en los mismos términos en que fue aprobada en la Cámara de Diputados, hace poco más de cuatro meses.
La polémica enmienda beneficia a los grandes concesionarios, porque les garantiza ampliar sus negocios sin entrar a nuevos procesos de licitación, y relega de funciones rectoras al Estado. Ejemplo de lo anterior es el artículo 16, el cual prevé que la concesión será por 20 años y, para su refrendo, tendrá preferencia el actual beneficiario.
Sin atender la solicitud de académicos, organizaciones civiles, medios de comunicación públicos e incluso instancias gubernamentales que pedían una revisión a la minuta de San Lázaro, el presidente Vicente Fox y el titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal, firmaron el decreto el lunes pasado en Los Pinos, con lo que se liquida la posibilidad del veto presidencial.
Gobernación argumentó que el Ejecutivo federal tomó la decisión de publicar la propuesta, que le fue remitida sin observaciones, ''con el fin de permitir que los trabajos y deliberaciones que aún lleva el Legislativo continúen sin mayor dilación''. Afirma, entonces, que el proceso de reforma de este sector no ha concluido, pese al literal cierre del caso a partir de la difusión en el Diario Oficial.
La dependencia hace énfasis en la iniciativa paralela que se discute actualmente en el Senado, con base en la cual los impulsores de la ley Televisa aseguran que por esa vía serán canalizadas las inquietudes de los grupos opositores.
Ese anexo, bautizado como ley limpiaconciencias, Bucareli lo menciona como ''iniciativas complementarias'', cuyo proceso permitirá que los legisladores entreguen a México -según Gobernación- ''una legislación que le permita avanzar y colocarse a la vanguardia de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información'', señala en un comunicado.
Lo cierto es que la decisión de publicar la reforma (diez días después de que una mayoría del Senado avalara la minuta de los diputados) se tomó de inmediato y sólo se canalizó a la asesoría jurídica de la Presidencia de la República para asegurarse que no se colara ningún cambio. Las rúbricas de los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, del jefe del Ejecutivo y su secretario de Gobernación quedaron plasmadas desde el lunes pasado, y de inmediato los funcionarios se dispusieron a disfrutar de los días de asueto.
Como se difundió desde el pasado primero de diciembre, las reformas a la ley de medios incluyen que las concesiones para radio y televisión serán por 20 años y se otorgarán mediante licitación pública. El artículo 17-G señala que para el otorgamiento de una concesión se tomará en cuenta el resultado de la licitación a través de subasta pública. Este es el punto que más afecta a los medios públicos y a las radios comunitarias, cuyos directivos consideran que no tendrán los recursos para hacer frente a los cambios tecnológicos y mucho menos para ofrecer una cantidad superior a lo que pongan en la mesa de la subasta Televisa o Tv Azteca, por ejemplo.
El polémico artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión permite que aquellos que deseen prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión, a través de las bandas de frecuencias concesionadas, deberán presentar solicitud a la SCT. Es decir, para ampliar un negocio -derivado de los beneficios de cambio del sistema analógico al digital- sólo será necesario dar aviso a la autoridad competente. El mismo artículo 28 precisa que la Secretaría de Comunicaciones sólo recibirá el pago de una contraprestación y no se requerirá del veredicto favorable de la Comisión Federal de Competencia.
La ley permite a los concesionarios incrementar en cinco por ciento el porcentaje permitido de publicidad, cuando cubran con producción nacional independiente una quinta parte de su programación. Otro elemento nuevo, incluido en la ley vigente desde este miércoles, es la designación de funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por parte del Presidente de la República. Para este proceso el Ejecutivo tiene como plazo 30 días sin necesidad de que su decisión sea aprobada por el Senado.
De acuerdo con lo publicado, los comisionados deberán haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones. Además, se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión, públicos o privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto.
Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de ocho años, renovables por un solo periodo, y sólo podrán ser removidos por causa grave debidamente justificada.
En los transitorios del decreto se precisa que la primera designación de los comisionados se hará, por única vez, mediante nombramientos por plazos de cinco, seis, siete y, en dos casos, por ocho años, respectivamente, mientras que el presidente de la Cofetel será designado, también en esta primera vez, por el jefe del Ejecutivo.
Se incluye -a partir del primero de enero de 2007- la disposición que los concesionarios informarán al Instituto Federal Electoral sobre la propaganda contratada por partidos políticos o por los candidatos. El organismo electoral será la instancia encargada de pagar la publicidad electoral de los partidos, con cargo a sus prerrogativas.
En un plazo de 30 días, el Ejecutivo federal deberá hacer las modificaciones necesarias al reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión.