Rechaza los argumentos de que es discriminatoria y basada en criterios económicos
Entregó el gobierno respuesta a la CIDH respecto a la reforma legal en radio y tv
El gobierno federal entregó el lunes pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los argumentos en contra de la percepción del organismo internacional, respecto a que la nueva Ley Federal de Radio y Televisión responde a "marcos legales discriminatorios" y fue elaborada "con criterios únicamente económicos" para el otorgamiento de concesiones y licencias en perjuicio de las radios comunitarias.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores confirmaron que la entrega se hizo en tiempo porque el plazo límite de la CIDH es "inamovible". Sin embargo, otra de las instancias gubernamentales encargadas de responder a los cuestionamientos del organismo de la Organización de Estados Americanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), envió información impugnando la llamada ley Televisa.
Su responsable, Xóchitl Galvez, relató en entrevista que ella argumentó sobre las ambigüedades de la norma, y cómo ésta va en contra de lo que plantean el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución mexicana, "porque impiden a radios comunitarias y públicas transitar hacia la convergencia digital, lo que provocaría su desaparición".
El Convenio de la OIT, referente a Pueblos Indígenas y Tribales, señala en su artículo 6 que los gobiernos deberán consultar a estas comunidades, mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente. Además, entre otras cosas, que para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos deben proporcionarles los recursos necesarios para tal fin.
Respecto a la Constitución, de los artículos que serán violados con la entrada en vigor de la Ley Federal de Radio y Televisión, aprobada el 30 de marzo pasado, destacan el 28, que prohíbe los monopolios; el 134, que obliga a los gobiernos a realizar licitaciones para contratar obras y servicios; 5 y 73 fracción X, que plantea los requisitos para el comercio; y 2, que establece las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
Gálvez insistió en que su respuesta no dista mucho de lo que presentó en el Senado de la República, en cuatro consultas públicas sobre la norma, donde "hacemos la aclaración de que es ambigua porque no habla de las radios comunitarias ni tampoco existe un párrafo dedicado a las públicas y tiene dos interpretaciones en materia de requisitos para solicitar una frecuencia". Además de que se incrementan los trámites a realizar, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) podrá exigirles información adicional respecto a su solicitud o recabarla incluso de otras autoridades. Y los medios públicos deberán ahora demostrar que dentro de su área de competencia está contar con una estación de radio.
"Nosotros haríamos las pruebas con los permisos que tenemos en proceso en la SCT. Hay como ocho que estamos estudiando para nuevas radios, estamos en el análisis de los impactos. Por ejemplo hay una en Guerrero que opera de manera ilegal y estamos haciendo presupuesto para que se legalice, y hay otra de Tabasco que por alguna razón cerró. Entonces se perdió el permiso que estaba en Nacajuca, cuando debe estar en Macuspana, porque en ese lugar tiene mayor alcance."
Por otra parte, en un comunicado, Gobernación manifestó que la decisión de mantener en "reserva" el expediente con las respuestas de diversas instancias oficiales a la CIDH -su Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) CDI y la SCT-- podría ser modificada, "debido a las múltiples solicitudes" para su difusión, promovidas por ciudadanos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Admitió, tras la publicación de la norma en el Diario Oficial, que el proceso no ha concluido, por el "consenso existente entre diversos sectores de la sociedad sobre la necesidad de actualizar las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones". Aseguró que el Poder Legislativo ha manifestado su voluntad de incluir una visión de largo plazo para la modernización y actualización del marco jurídico del sector.