Preparan la defensa jurídica interna y externa
Al publicar la ley, Fox "consumó el despojo a la nación", afirman ONG
Tras considerar que con la publicación de la Ley Federal de Radio y Televisión en el Diario Oficial de la Federación el presidente Vicente Fox "consumó el despojo a la nación", agrupaciones sociales, civiles y de derechos humanos trabajarán, a partir de hoy, en la difusión, a escala nacional e internacional, de los riesgos y las implicaciones que representa para el país y sus ciudadanos esta normatividad.
De la mano, prepararán los amparos para las radios comunitarias y públicas que así lo deseen, y documentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "una violación" en contra de las primeras, en lo que se refiera la pluralidad cultural y libertad de expresión.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), sede México, la Red Nacional de Organismos Todos los Derechos para Todos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideraron que con su decisión de publicar la ley el presidente Fox incumple compromisos internacionales en materia de derechos humanos, principalmente en lo que se refiere a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, los indígenas, porque la norma "inhibirá el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de los mexicanos en general y vulnera la pluralidad informativa".
En entrevista por separado, los dirigentes de las organizaciones coincidieron en manifestar que el camino es largo en el ámbito jurídico y en el de los organismos internacionales a los que recurrirán, la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red, aseveró que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido conservadora en cuanto a la aplicación de sus resoluciones legales, y "no ha tenido la suficiente consistencia, en una sola dirección, hay la expectativa de que analicen las repercusiones que implica la ley aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por el Ejecutivo. Es el último recurso que nos queda en el país, y si no hay respuesta tenemos el camino internacional".
Aleida Calleja, de AMARC, planteó que Fox no sólo incumplió con sus obligaciones internacionales, sino además incurrió en responsabilidades en materia de derechos humanos, de libertad de expresión y de derecho a la información. "Esta situación la estamos verificando con los organismos internacionales de derechos humanos, y nos interesa sobre todo conocer cuál fue la respuesta del Estado mexicano a las interrogantes de la CIDH sobre radios comunitarias."
En tanto, el director del Centro Pro, David Velasco, dijo que ya no serán una o dos las organizaciones que trabajen sobre libertad de expresión, ahora estará en la agenda de todas las agrupaciones civiles, "y nos daremos a la tarea de informar puntualmente a la ciudadanía de las implicaciones de la Ley Federal de Radio y Televisión".