El ex banquero perdió juicio de amparo para cancelar un proceso por fraude fiscal
Cabal Peniche deberá demostrar por qué omitió pago del ISR por $170 millones
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El ex banquero Carlos Cabal Peniche en una imagen del 7 de septiembre de 2001, cuando rindió declaración en el juzgado segundo de distrito en el Reclusorio Norte
Foto: Francisco Olvera
Por decisión judicial, el ex banquero Carlos Cabal Peniche tendrá que explicar y demostrar ante un juez de distrito del Reclusorio Norte por qué motivo no declaró ante la Secretaría de Hacienda ingresos millonarios que implicaban el pago del impuesto sobre la renta (ISR) por 170 millones de pesos.
Cabal perdió esta semana un juicio de amparo con el que buscaba cancelar el proceso que tiene abierto desde 2001 por su presunta responsabilidad en un fraude fiscal por la cantidad mencionada, cargo penal que lo obligó en su momento a enfrentar una fianza de más de 4 mil 700 millones de pesos -la más alta de la historia del sistema judicial mexicano- a cambió de su libertad provisional.
El magistrado Jorge Fermín Rivera Quintana, titular del primer tribunal unitario en materia penal, ya notificó al ex presidente de Banca Cremi-Unión su decisión de negarle el amparo contra el auto de formal prisión que confirmó en 2003 otro magistrado, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, del tercer tribunal unitario.
En su resolución, Rivera precisó que el inculpado tiene que ser procesado por el juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, ya que "la conducta del quejoso en el delito que se le imputó fue con dolo, puesto que conocía bien que presentar una declaración para efectos del ISR sin declarar la totalidad de ingresos realmente obtenidos, y además determinadas así por la legislación, es una conducta prohibida por la ley".
Asimismo, el impartidor de justicia determinó, en el juicio 19/2004, negar el amparo luego de considerar que no se violaron, en perjuicio del ex banquero, los artículos 14, 16 y 19 constitucionales.
De esta forma, continuó la resolución, el magistrado Luna Altamirano demostró en autos la probable responsabilidad de Cabal Peniche "en el delito previsto y sancionado en el artículo 109, fracción I, en relación con el 95, fracción II, y 108 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación".
Esta acusación por fraude fiscal que le fincó la Procuraduría General de la República (PGR) a Cabal estuvo a punto de llevar a prisión al ex banquero, quien, sin embargo, consiguió entre familiares, amigos y conocidos las hipotecas necesarias para garantizar la millonaria caución.
Después, tras varios meses de litigio, Cabal se libró de los más de 4 mil 700 millones de pesos de fianza, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el método de cálculo que llevó a una cifra tan elevada.
El ex presidente de Banca Cremi-Unión fue extraditado a México en septiembre de 2001, luego de pasar dos años y 10 meses preso en una cárcel de Melbourne, Australia.
Ya en México, varios jueces federales, entre ellos el titular del juzgado octavo de distrito, se negaron a iniciar los juicios en su contra y dictaron autos de libertad, debido a que las querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal Federal ante la PGR no existieron, ya que no fueron debidamente ratificadas por los funcionarios que las firmaron.
Sin embargo, la PGR apeló de los fallos y logró las órdenes de reaprehensión contra Cabal En noviembre de 2002, el tercer tribunal unitario revocó los autos de libertad dictados por el juzgado octavo y ordenó procesar a Cabal por siete delitos.
El año pasado, el ex banquero obtuvo su victoria jurídica más importante en nueve años de litigio, pues el primer tribunal unitario desechó en definitiva seis cargos por quebrantos contra Banco Unión, que constituían la parte central del caso en su contra.
Ese tribunal declaró prescritas seis de siete acusaciones por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, derivadas de los préstamos supuestamente ilegales que Cabal autorizó a empresas relacionadas con él entre 1991 y 1994, que habrían provocado una pérdida de 242 millones de dólares al banco.
Lo que hace varios años era uno de los casos más complejos y escandalosos para la PGR que se han visto en México, quedó reducido a un proceso por el quebranto de 4.7 millones de pesos a Banca Unión, resultado de un crédito a la empresa Consorcio Mexicano de Comercio e Industria, y otro por fraude fiscal de 170 millones de pesos.