Reserva información relativa a radios comunitarias
Oculta el gobierno federal la respuesta enviada a la CIDH
El gobierno federal mantendrá en "reserva" la información remitida esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la presunta discriminación de las radios comunitarias en las reformas a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión.
La determinación fue tomada por el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Carlos Abascal Carranza, al considerar que la CIDH se encuentra en la fase de ampliar información y aún no determina si abre o desecha el caso, e inclusive si convoca a una audiencia, señalaron fuentes de la dependencia.
En la SG decidieron mantener en secreto los documentos que elaboraron sobre las observaciones del organismo regional dependencias como las comisiones federales de Competencia y de Telecomunicaciones, así como los informes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores y de la propia Gobernación.
La versión entregada a la CIDH -supuestamente el lunes pasado- debió ser plural, porque las comisiones referidas manifestaron públicamente su oposición a la enmienda, por considerar que la función rectora del Estado en la materia quedó relegada.
El área de derechos humanos de la SG, a cargo de Ricardo Sepúlveda, decidió no proporcionar ningún detalle adicional respecto al intercambio de información con la CIDH, en tanto Abascal Carranza regresa - el lunes próximo- del periodo de asueto por la Semana Santa.
Tampoco se ha ofrecido respuesta alguna a las inquietudes, reclamos y advertencias de los directivos y trabajadores de los medios de comunicación del sector público, y mucho menos a las quejas de las radios comunitarias, que forman parte del grupo más afectado por la reforma que derivó en la llamada ley Televisa.
Sin embargo, la decisión de Abascal podría quedar sin efecto, porque diversas organizaciones y ciudadanos en lo particular han solicitado tales datos "reservados" por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información, agregaron las fuentes consultadas.
La semana pasada, la CIDH solicitó al Estado mexicano información sobre el contenido de la reforma a la ley de radio y televisión, luego de que organismos civiles expusieron que las radios comunitarias habían quedado excluidas de aspirar a espacios y permisos para operar.
Además, expusieron el carácter "mercantil" que priva en la ley Televisa, en la cual, con la figura de subasta, quien presente una oferta económica superior podrá aspirar a una concesión. Las radios comunitarias quedan fuera del espectro por la carencia de recursos financieros para hacer frente a la transición del sistema analógico al digital, entre otros aspectos.
De inmediato, la CIDH emplazó al Estado mexicano para el 9 de abril como fecha límite para la entrega de su respuesta en torno al particular, cuyos documentos -como se ha advertido- se mantienen en el ámbito del secreto gubernamental.