Democracia y derechos humanos
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entregó el pasado martes a la Asamblea Legislativa el informe de actividades correspondiente al año 2005 de ese órgano público de defensa, protección, vigilancia, promoción, educación y difusión de los derechos humanos en esta ciudad capital. En su discurso enfatizó la autonomía constitucional de gestión de la comisión, y ratificó su actuación imparcial más allá de la coyuntura electoral. Haciéndose eco de lo expresado en un desplegado en este diario por todos los miembros de su consejo el pasado 4 de abril, el maestro Emilio Alvarez Icaza expuso que la autonomía con la que fue dotada la comisión, gracias a las luchas ciudadanas, no es una concesión, sino "la única forma en que puede ejercer su papel de contrapeso frente al poder público, dentro de un complejo sistema de ejercicio de derechos y equilibrio de poder que hacen posible la vigencia del estado de derecho en una sociedad democrática". Sugirió por lo mismo con razón a los representantes de todos los partidos políticos, que en este contexto observaran y ponderaran todas las acciones que realiza diariamente esa institución, "reconocida porque antepone la defensa de los derechos de las y los habitantes del Distrito Federal a cualquier otro interés, y defiende su necesaria autonomía respecto de poderes formales y fácticos", como también afirmaron los miembros de su consejo en el desplegado mencionado. Siguiendo con la práctica iniciada hace cinco años, de esbozar a partir de la información que llega a la CDHDF, y todas las acciones que de ella se derivan, un balance bastante certero de la situación de los derechos humanos en la ciudad de México, con el propósito de ofrecer una valoración aproximativa que permita abordar los temas más significativos de manera equilibrada, el presidente de la comisión se refirió a los órganos de procuración y administración de justicia, a los servicios jurídicos y legales del Gobierno del Distrito Federal, al sistema penitenciario, al sistema de seguridad pública, a las garantías de los derechos a la salud y a la no discriminación, y a los derechos de las mujeres, señalando logros y, sobre todo, deficiencias que están amplia y suficientemente explicados en el informe de 487 páginas que se entregó a todos y cada uno de nuestros legisladores. No sin reconocer con justicia que el informe entregado sienta en verdad un precedente a escala nacional y latinoamericana en materia de defensoría del pueblo, el maestro Alvarez Icaza aludió en la segunda parte de su discurso a los extraordinarios logros alcanzados en los tres grandes ejes del trabajo cotidiano de la comisión: el Programa de Defensa de los Derechos Humanos; el de Promoción, Educación y Difusión, y el de Fortalecimiento Institucional y Apoyo Administrativo. Es de destacar que la reconceptualización de las acciones en el programa de defensa ha permitido a la CDHDF arribar a un nuevo paradigma de los derechos humanos, como en ninguna otra comisión del país, en el que se pone el centro en las víctimas y no sólo en el número de expedientes. Y que el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones, parte también estructural del Programa de Defensa, se ha vuelto igualmente modelo y referente para distintas comisiones del país. La CDHDF es además el único organismo público estatal que en su tipo cuenta hasta ahora con un servicio profesional específico de carrera, y probablemente sea también el único que ha desarrollado en su interior un programa de equidad de género y derechos humanos, para poner aquélla en primer lugar en práctica entre sus propios miembros, y brindar con esta perspectiva teórica y metodológica una mejor atención a los peticionarios. De manera ejemplar ha sentado también en su interior las bases para hacer de la comisión una institución ambientalmente responsable, lo que sin afectar su función social le ha permitido alcanzar ahorros considerables en combustible, energía, papel y agua. Este año el informe incluye un importante análisis sobre el tema de la democracia y los derechos humanos. En él, entre otras cosas, se consigna con acierto que según algunos autores (Carbonell) hay tres tareas pendientes para lograr, desde la perspectiva de los derechos humanos, el blindaje democrático de la ciudad y del país: el diseño institucional, que alude a la producción de un nuevo modelo de justicia; los obstáculos procesales y sociales para el acceso a la justicia, caracterizados por lo que se ha dado en llamar discriminación jurídica y, finalmente, la capacitación del personal judicial, en cuyo contenido habría que privilegiar la garantía judicial de los derechos humanos. El apartado advierte al final que de no incorporar modificaciones constitucionales, pactos entre los diversos actores políticos o políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, "nada garantiza que retrocesos democráticos no puedan darse en el futuro inmediato, independientemente de quiénes conduzcan los gobiernos".