Armando Bartra

Una de cal: proyecto de ley para la soberanía alimentaria

1 Exportar gente e importar comida es el saldo mayor del desarme económico unilateral practicado en los pasados 20 años por los gobiernos del PRI y del PAN. Así, la pasada década importamos 110 mil millones de dólares en alimentos mientras que exportamos 2 millones de campesinos, y de 1994 a 2004 el déficit comercial agroalimentario pasó de 74 millones de dólares a 5 mil 500 millones en 2004, de modo que tres cuartas partes de lo que ingresa por remesas regresa al país vecino como pago de los alimentos que le compramos. Bienes agropecuarios que los expatriados habrían podido producir aquí si México tuviera una política de soberanía alimentaria, como la tienen Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Sin duda las cosas no cambiarían de sopetón si el proyecto de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional (LPSSAN), aprobado por los diputados el 30 de marzo pasado, lo fuera también por los senadores, pero cuando menos contaríamos con una política de Estado expresamente orientada a corregir el desastroso rumbo neoliberal seguido por los cuatro gobiernos anteriores.

2. Con la LPSSAN el movimiento rural gana batallas después de muerto. La primera exigencia de los 100 mil campesinos que marcharon en la capital el 31 de enero de 2003 era la soberanía alimentaria. El Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) firmado tres meses después, tiene como subtítulo: "Por el desarrollo de la sociedad rural y la soberanía y seguridad alimentaria", y en el numeral 229 se comprometen "reformas jurídicas que permitan contar con una Ley Federal de Planeación Agropecuaria y Soberanía y Seguridad Alimentarias(...) que contemple instrumentos de planeación, programación y presupuestación multianual, que otorgue certidumbre y protección a los productores (y establezca) el derecho a la alimentación". Demanda levantada por vez primera en las movilizaciones campesinas de 1995 en respuesta a los impactos rurales del "error de diciembre", que se generalizó durante esa década conforme crecía el déficit agroalimentario.

Convergentes en 2003, la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el Movimiento El campo no aguanta más (Mecnam) se distanciaron pronto y en 2004 el propio Mecnam se fracturó. Por otra parte, como de costumbre, el presidente Vicente Fox no honró su firma en el acuerdo ni envió al Legislativo la prometida iniciativa de ley. Pero a finales de 2004 un grupo de diputados vinculados al campo restableció en San Lázaro parte de la alianza política que había hecho posible el ANC, y apoyándose en una amplia y plural participación elaboró una iniciativa de ley que fue turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería, sometida a consulta y revisión entre finales de 2005 y principios de 2006, y aprobada el 30 de marzo por el pleno de la Cámara, con 328 votos en favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Ahora los senadores tienen la palabra.

3. Las leyes son de quienes las trabajan. La batalla de los indígenas por sus derechos autonómicos mostró que se puede legislar desde la sociedad. Los campesinos nos están enseñando que se puede legislar desde la sociedad y desde San Lázaro. Al prolongar la insurgencia rural de 2003 en el arduo trabajo legislativo de 2004, 2005 y 2006, los agricultores y algunos de sus portavoces parlamentarios evidenciaron que las cámaras son parte de la arena política y que, junto a adefesios como la ley Televisa, se aprueban legislaciones favorables al campo como la ley de la caña y la del café -hoy en el Senado-, que han sido impulsadas por variopintas convergencias de productores. Porque las leyes socialmente legítimas suponen consensos amplios; así la LPSSAN, reivindicada en las calles durante las jornadas de invierno de 2003, fue acompañada en el Legislativo por organizaciones rurales como la Asociación Nacional de Empresas Campesinas y por El Barzón, que formaron parte del movimiento animado por el Mecnam y hoy alinean en convergencias distintas, pero también por la CNC y por el CAP, además de las aportaciones de expertos e instituciones de investigación. Y si en San Lázaro fue votada por abrumadora mayoría, es porque el proyecto se discutió con funcionarios públicos del sector y se cabildeó con todas las fracciones parlamentarias.

4. El "año de Hidalgo" también vale en los tiempos del "cambio". Antes, al término del sexenio los salientes se robaban los dineros públicos, ahora se roban el futuro de la nación tratando de arrebatarnos la posibilidad de construir un país distinto. La reciente Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria va dirigida a acotar presuntas veleidades "populistas". El intento del PRI y el PAN de cambiar el artículo 74 constitucional para que sea el presidente saliente y no el entrante quien presente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, pretende darle a Fox la atribución de diseñar la política económica en el primer año de su sucesor. La iniciativa del PRIAN, para otorgarle autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene en sus manos a 11 millones de contribuyentes, y a la Comisión Nacional Bancaria (CNBV), que supervisa mil 100 entidades financieras con 40 por ciento del PIB, busca dejar en manos del mismo Fox el nombramiento de sus presidentes, quienes durarían ocho años en sus cargos. La Ley Federal de Radio y Televisión aprobada en marzo por senadores blanquiazules y tricolores, no sólo fortalece al ultraderechista duopolio televisivo que tiene 95 por ciento de las concesiones, también le permite al actual presidente designar a los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que estarán en su cargo ocho y hasta 16 años. Si a esto agregamos las posturas retardatarias de los ministros de la Suprema Corte, que un mercadócrata salinista preside el Banco de México, que estamos atados por acuerdos comerciales inicuos como el TLCAN y que el gobierno foxista firmó numerosos contratos anticonstitucionales que privatizan áreas energéticas, por ley en manos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, resulta evidente la pretensión de perpetuar el nefasto modelo neoliberal achicando los márgenes de maniobra del nuevo gobierno. Ya lo dijo el priísta Francisco Rojas al presentar la iniciativa para autonomizar el SAT y la CNBV: esto "va en la línea de restarle facultades (...) al Ejecutivo". En este contexto, fue un gran triunfo que en años de euforia neoliberal, el movimiento de los trabajadores haya impedido que se aprobara una reforma tributaria regresiva, una reforma energética entreguista y una antidemocrática ley laboral, y lo es aun más haber sacado adelante, primero en las calles y después en San Lázaro, leyes como la LPSSAN, que de pasar en el Senado nos dotaría de políticas de Estado para restaurar la soberanía y seguridad alimentarias.

5. La ley de soberanía alimentaria es un programa de transformación. Así como el artículo 27 de la Constitución de 1917 mandataba al nuevo Estado para ejecutar la reforma agraria mediante el reparto de tierras, la LPSSAN no sólo norma, define a grandes trazos un proyecto alternativo de desarrollo rural. Consecuente con el severo diagnóstico de la Exposición de Motivos: "la nación no cuenta con soberanía y seguridad alimentaria y nutricional", y sí al contrario, padece: creciente déficit comercial agropecuario, progresiva importación de básicos, pérdida de rentabilidad y de empleos, incontenible migración, pobreza generalizada, desnutrición y malnutrición, destrucción del medio ambiente, desmantelamiento del Estado..., el artículo 9 de la ley ordena: "el Ejecutivo federal deberá conducir la planeación como un proceso cuyo objetivo sustantivo es modificar la realidad nacional actual, para lograr y mantener la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria, con base en una política de Estado" (las cursivas son mías). Con este fin, la LPSSAN mandata la creación de un Sistema Nacional de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, con estrategias de largo, mediano y corto plazos (artículos del 15 al 29); un sistema de apoyos, incentivos e inversiones estratégicas que debe constituir una "red de seguridad para los productores" y una "red de seguridad (...) para la población que contribuya a garantizar el derecho (...) a la alimentación", para esto la ley prorroga de 2007 a 2018 la operación del Procampo y del programa Ingreso Objetivo, instruye para el primero la actualización anual de las cuotas por hectárea con criterios progresivos (incrementos mayores a los predios de menor extensión), además de crear programas específicos orientados a ordenar los mercados, detonar las inversiones y garantizar el derecho a la alimentación (artículos 30 al 94).

6. Como todo, el proyecto legislativo turnado a los senadores es imperfecto y tiene omisiones, pero algunos planteamientos, fundamentales para el drástico viraje que demanda la salvación del campo, transitaron de las pancartas del Mecnam al articulado de la LPSSAN. Así, la mentada ley define soberanía agroalimentaria y nutricional como "libre determinación de la nación para establecer políticas de Estado (...) que garanticen el abasto y el acceso de alimentos a toda la población, fundamentalmente con producción nacional"; y seguridad, como: "abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos inocuos y de calidad nutritiva a la población" (artículo 6). Además, establece que la planeación debe considerar el "carácter multifuncional del territorio y las actividades rurales" (art. 11), y contra las ominosas pretensiones de un ex secretario de Agricultura de triste memoria, que buscaba afanosamente "esquemas de salida" para deshacerse de los pequeños productores, el artículo 92 define un subprograma destinado a fortalecer la seguridad alimentaria de la familia rural apoyando la producción campesina sustentable y en particular el autoabasto. Por último, la ley establece que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable deberá "convocar y llevar a cabo, cada tres años, un ejercicio nacional de consulta, evaluación y propuesta, en relación con los instrumentos de esta ley, con la amplia participación de la sociedad, que se denominará Conferencia Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional" (art. 21). Aun falta que la LPSSAN sea aprobada por el Senado, pero aun esto no sería suficiente: así como el 27 constitucional devino reforma agraria sólo porque los demandantes de tierras presionaron una y otra vez, así los buenos deseos de la nueva ley sólo se harán realidad si los campesinos y consumidores organizados mantienen alta la guardia y preservan la unidad en cuestiones fundamentales.

7. Y ya encarrerados, ¿por qué no una ley para la soberanía laboral? Como la progresiva dependencia alimentaria, el creciente éxodo dramatiza la ausencia de políticas soberanas de defensa de la producción nacional, tanto agropecuaria como industrial y de servicios. Y si garantizar a los ciudadanos la soberanía y seguridad alimentarias es compromiso ineludible del Estado, también lo es garantizarles trabajo seguro y empleo decente. "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo..." mandata el 123 de la Constitución. Pero el resto del artículo se ocupa sólo de los derechos laborales y las relaciones obrero patronales. Nos hace falta, entonces, una Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Laborales, que incorpore a la "rectoría del desarrollo" y la "planeación democrática", que según la Constitución corresponde al Estado, criterios, estrategias e instrumentos que los hagan incluyentes y equitativos, garantizando a los mexicanos el derecho al "trabajo digno y socialmente útil"; derecho que hoy no puede ejercer el medio millón de compatriotas que todos los años decide mudarse a Estados Unidos. Pero la 59 Legislatura va de salida, de modo que esta ley deberán discutirla los nuevos congresistas con base en una iniciativa enviada por el presidente López Obrador.