El supremo poder conservador
En los tiempos que corren, la oligarquía no tiene que recurrir a un golpe de Estado con todas las de la ley para erigirse, como en el siglo XIX, en un supremo poder conservador: uno que concentra decisiones políticas por encima de los poderes establecidos y de la Constitución misma.
La diferencia del supremo poder conservador de la oligarquía decimonónica con el del siglo XXI es que aquel se presentaba con una investidura pública, mientras que el de ahora se presenta, sin afeites, como una institución privada a la que el poder público convida de su condición.
Los diputados y senadores que aprobaron las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión obedecieron a la voluntad monopólica de Televisa, y sumieron al país, en un acto del más dinosáurico autoritarismo, en una grave crisis de representación.
Con ese acto, el Poder Legislativo echó por la borda la autonomía conquistada hace menos de una década, profundizó su desprestigio como órgano representativo de los intereses generales, despojó de toda referencia moral al poder y convalidó la intervención del duopolio televisivo, encabezado por Televisa, en la política nacional.
Con ese acto se ha iniciado la contrarreforma del Estado antes de que se haya intentado en serio su reforma, la que tanto difundieron hace seis años los candidatos de todos los partidos y sobre la que los actuales contendientes poco o nada dicen.
Otra de sus consecuencias será el fortalecimiento del bipartidismo PRI-PAN, gracias a los cabeceos y ligerezas de una izquierda cada vez más deslavada, arrogante -muchos de sus miembros ya se sienten dueños, en términos patrimoniales, de un futuro puesto- y poco creativa en el manejo de los medios de comunicación. El duopolio televisivo, que pretende derrocar autoridades (no fue menor el intento que hizo Tv Azteca de echar fuera del Gobierno del Distrito Federal a Cuauhtémoc Cárdenas con un motivo baladí) o tenderle trampas a la fuerza política que ve con recelo (por ejemplo, la que Televisa preparó al mismo gobierno, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en torno al caso Bejarano/Ahumada), tiene una alianza sólida con el ala más conservadora y plegada a los dictados del capital, dominante por lo demás, del PRI y el PAN.
Esa alianza, nefasta para la mayoría de los mexicanos, no la dejará indemne, ya sea que llegue o no Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. Pero pudo haber salvado la dignidad de la que está tan necesitada la política mexicana. Así que no llore como partido lo que no supo defender como grupo legislativo en la Cámara de Diputados, y sólo tardíamente y sin efecto en el Senado.
Los diputados y senadores responsables de la aprobación de la ley Televisa se han cubierto de oprobio, pero no es esto lo más grave de su conducta; a los mexicanos nos han dejado en estado de indefensión frente a las consecuencias de su complicidad con el duopolio televisivo. ¿O algún abogado podría echar mano de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para pedir el desafuero de los diputados y senadores que aprobaron la ley Televisa? En el artículo siete de este ordenamiento, la primera causal de infracción es "el ataque a las instituciones democráticas". ¿No es un ataque a las institucio- nes democráticas, empezando por el Instituto Federal Electoral, convertir una ley de beneficio particular en un mandato de carácter general lesivo para el funcionamiento democrático del país? Por menos, a otros representantes populares se los ha hecho objeto de juicio político.
El ominoso episodio obliga a repensar la naturaleza misma del Estado y los medios de defensa de los gobernados frente a sus decisiones. Para el pensamiento socialista, puesto al margen de la moda desde la caída del Muro de Berlín, el Estado no es sólo el aparato ejecutor de los intereses de una clase social, aquel que gestiona el poder, sino el conjunto de las cimas institucionales dominantes de tal clase -el liderato de la sociedad civil y de la clase política- y de aquellas a las que ha logrado subordinar. Ese Estado que de pronto muestra sus rostros emblemáticos en una fotografía, como la que le fue tomada al grupo que asistió en agosto de 2005 al Palacio de Bellas Artes -convocado por Televisa- al acto titulado Celebremos México. El orgullo de ser mexicano. Todo parece indicar que Televisa celebró entonces y para el futuro.
En una brillante conferencia dictada en el recinto del Congreso de Coahuila un día antes de que se aprobara la ley Televisa, Diego Valadés, actual director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se refirió a esta ley y sus implicaciones. Señaló, desde un punto de vista heurístico, un hecho insoslayable: "El Leviatán -dijo- no sólo está en el Estado, sino en otras partes". Y se preguntó si no era ya necesario legislar para que el juicio de amparo se extienda a efecto de ejercerlo frente a los actos provenientes de particulares, cuyo poder desborda las facultades del gobierno -rasgo del capitalismo neoliberal- y no sólo de las autoridades constituidas.
Los ciudadanos ya tenemos materia de ocupación transelectoral. Ante el embate de los monopolios y de las fuerzas sociales y políticas que los fomentan en beneficio directo o residual, no podemos quedarnos cruzados de brazos. La democracia, el espacio natural del pueblo al que pertenecemos la mayoría, está en riesgo de no poder ampliar su actual reducido perímetro, y al contrario, de verlo achicarse para sorpresa de quienes pensaban que los espots de Vicente Fox son la sinopsis notariada del cambio democrático.
Urge la convocatoria pertinente. ¿Habrá quien pueda hacerla con capacidad moral y política suficiente?