Defensores de derechos humanos muestran preocupación por el uso de la base de datos
Cuestionan el plan de Ebrard sobre identificación para menores de 18 años
Consideran "peligroso" que se tenga un registro del ADN de ese sector de la población
La propuesta del candidato de la coalición Por el Bien de Todos a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en el sentido de crear un banco de datos de menores de edad que incluya, además de fotografía, dirección y huellas dactilares, el registro de ADN de cada niño, causó controversia entre defensores de derechos humanos, quienes señalaron que, de aplicarse, "tendrían que tratarse con sumo cuidado los datos".
Alejandro Sánchez, de Educación con el Niño Callejero, expresó que "ese inventario infantil podría tener cierta mirada de control", ya que la propuesta viene "del principal impulsor" de la Ley de Cultura Cívica, conocida como tolerancia cero, la cual "criminaliza" a los niños que trabajan y viven en la calle.
El activista advirtió que ese registro podría ser usado para violar los derechos de los infantes y adolescentes, ya que si bien serviría a las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social, también dependencias como Seguridad Pública accederían a esa información.
Aseveró que en la ciudad no se considera a los menores como verdaderos ciudadanos, y medidas como la propuesta por Ebrard no contribuyen en ese sentido, porque "se trata de cosas aisladas; debemos hacer que el niño vaya viviendo el ejercicio de la ciudadanía por sí mismo, dependiendo de su crecimiento; una base de datos aislada no es la solución".
En el caso de las pruebas de ADN, agregó, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede obligar a las personas a realizarse el examen; por ejemplo, un presunto progenitor no puede ser obligado por el máximo tribunal a someterse a ese reconocimiento, aun a solicitud de un juez, aunque de no hacerlo, en un proceso judicial esa negativa sería usada como elemento en su contra.
Fabián Sánchez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, estableció que si una base de datos de esa naturaleza cae en manos de la delincuencia "se vuelve peligrosa" por situaciones como el tráfico de órganos. La medida "es terrible, porque esa identificación de las personas es una especie de control (...), los jóvenes tienen poca cabida en los espacios de decisión y ahora se pretenderá ponerles más controles", dijo.
Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos, argumentó que dicho proyecto vulneraría la confidencialidad informática de las personas, por lo que "debe ser analizado profundamente para establecer cuáles son los orígenes de ese control".
Consideró que el proyecto del ex secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal es una medida más de la tolerancia cero; por ello, consideró que, de aplicarse, debe existir un mecanismo que garantice el cuidado de la información.
Finalmente, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, argumentó que dicha medida puede resultar benéfica, siempre y cuando exista cuidado de los datos de los menores, mediante mecanismos de control eficaces, porque si no se correría el riesgo de que la información caiga en manos de bandas de delincuentes o se le dé uso comercial. "El riesgo siempre está, se debe tener claridad sobre las características y los mecanismos de control antes de echar a andar una iniciativa de esa naturaleza", señaló.