Condiciona abastecimiento del líquido en ambos lados, dice
Divergencias políticas por la gestión del agua en la frontera México-EU: CISAN
La gestión local de recursos como el agua está supeditada e integrada cada vez más a condiciones y procesos de carácter global. Sin embargo, en el caso de las zonas fronterizas con Estados Unidos, adquiere una nueva dimensión al evidenciar divergencias marcadas entre una agenda geopolítica, que da prioridad a los temas de seguridad, y una agenda neoliberal, que persigue objetivos de integración económica.
Gabriela Angeles-Serrano, del área de Estudios Estratégicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que la frontera entre México y Estados Unidos se caracteriza por presentar ecosistemas con umbrales limitados de resilencia -capacidad del sistema natural para recuperar sus condiciones originales después de que ocurre una perturbación de índole natural o condicionada por la actividad humana- a la modificación del régimen de escurrimiento superficial, tanto por la construcción de grandes presas, como por la extracción intensiva de líquido subterránea, que caracteriza el uso de las fuentes de agua.
En el documento Conflictos por el agua en la frontera México-Estados Unidos: una visión local y regional, impreso por la revista Norteamérica, que edita el CISAN, considera que esta irracionalidad en el manejo del recurso a ambos lados de la frontera condiciona una creciente dificultad para el abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuadas para enfrentar, por ejemplo, un aumento en las actividades productivas y comerciales, que a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han reconfigurado el territorio en términos demográficos, al desplazar a la población rural hacia zonas urbanas.
En Estados Unidos, la política determina que quien tiene agua paga por ella, de manera que el complejo sistema político institucionalizado y descentralizado genera una fuerte división entre ganadores y perdedores en materia del recurso, mientras que en México -analiza la investigadora-, el manejo del líquido transfronterizo y las decisiones que ello conlleva son asunto de competencia exclusiva del orden federal, que permite ventilar "ciertas inconformidades".
Un análisis de los hechos, entre marzo y agosto de 2001, sobre el conflicto por el agua entre ambos países, arroja que, a pesar de las protestas locales y estatales por los pagos anticipados de agua a Texas, la determinación del gobierno federal en México de cumplir con las exigencias impuestas desde Washington a instancias del gobierno texano fue irrevocable, y culminó con la firma del acta de enmienda número 307, que sentaba el precedente del pago del liquido en condiciones de sequía extrema, y a pesar de que se tenía un ciclo adicional de cinco años para cubrir dicho adeudo.
Eso lleva a las autoridades locales a enfrentar los conflictos. Por ejemplo, a principios de 2002, el pago de agua de México a Estados Unidos significó la transferencia de 114 millones de metros cúbicos de las presas Falcón y La Amistad, en detrimento de agricultores del distrito de riego 025, quienes perdieron 800 millones de pesos por falta de riego.
La transferencia de derechos de agua de los escurrimientos no aforados, que originalmente pertenecían a los distritos de riego, para cubrir la deuda de líquido a Texas, sentó el precedente de que, en nombre de la seguridad nacional, el gobierno federal tiene la facultad absoluta de transferir estos derechos, independientemente de que afecte o no intereses socioeconómicos locales.
Así, en 2001, más de 14 mil productores de los municipios de Matamoros, Río Bravo y Valle Hermoso, registraron pérdidas económicas por más de 500 millones de pesos por la falta de riego. Entonces, los agricultores tamaulipecos afirmaron que se violó el tratado de 1944 al adelantar el pago de agua a Texas.
La autora señala que, a pesar de que en septiembre de 2005 se haya logrado pagar la deuda de agua que se tenía desde principios de 1990, la acción federal para mitigar la tensión generada por el conflicto, así como una percepción generalizada en el ámbito estatal de que se afectaron intereses de la población local, difícilmente contribuye a mantener, desde lo local, la cohesión societaria hacia el Estado.