Envía CNDH recomendación a Sinaloa por muerte de reportero

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer la recomendación 8/2006, dirigida al gobernador de Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla, por la conducta irregular e indebida en que incurrieron servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado que participaron en la integración de la averiguación previa por la muerte del reportero gráfico del periódico El Debate, de Mazatlán, Gregorio Rodríguez Hernández, ocurrida el 28 de noviembre de 2004 en esa ciudad, que podría estar relacionada con su ejercicio profesional.

La CNDH determinó ejercer la facultad de atracción del caso en virtud de trascender el interés de la entidad. La viuda de Rodríguez Hernández, María Teresa González, solicitó la intervención del organismo en la investigación y que esté pendiente de la integración de la averiguación previa, debido a que se aprecia "la probable participación de servidores públicos en los hechos" en que perdió la vida su esposo.

Del análisis jurídico de los hechos y de las pruebas que integran el expediente de la queja número 2004/3771/SIN/5/SQ, la CNDH acreditó que, con su proceder, "los servidores públicos de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa que participaron en la integración de esa averiguación previa contravinieron la ley, lo que tuvo como consecuencia la violación de los derechos de la víctima y de los ofendidos a la legalidad, seguridad jurídica y al debido acceso a la justicia".

La CNDH "señala que si bien se ejercitó acción penal contra varias personas como autores materiales del homicidio del reportero agraviado, las cuales se encuentran sujetas a la autoridad judicial, también constató que durante la indagatoria se advierten irregularidades, inconsistencias y omisiones".

Entre las irregularidades, la CNDH sostiene que la autoridad ministerial incurrió en dilación, fue omisa en su actuación y falta de oportunidad en la práctica de diligencias, además de que realizó en forma deficiente las acciones jurídicas necesarias en la integración de la averiguación previa.

Agrega que si bien el agente del Ministerio Público inició la indagatoria y procedió a recabar las declaraciones de varios testigos, lo hizo en forma irregular, además de que no fueron ratificados ante la autoridad ministerial diversos informes policiacos rendidos por integrantes de los grupos Delta 1 y Delta 2, de la Coordinación Especial de Investigación de Homicidio Doloso Zona Sur de la Policía Ministerial de ese estado, a pesar de que en ellos "se da fe de testigos del crimen".

Otras irregularidades detectadas por la CNDH son que "no se dio seguimiento ni fueron ratificadas las testimoniales que el 7 de diciembre de 2004 rindieron los señores Celso Manuel y Mónico Antonio, de apellidos Lora Rodríguez, primer comandante y agente, respectivamente, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes manifestaron de forma coincidente que en una fiesta de 15 años Rodríguez Hernández había tomado fotografías a Antonio Fraustro Ocampo -a quien, de acuerdo con notas periodísticas, se relaciona con actividades ilícitas- y Abel Enréquez Savala, entonces director de Seguridad Pública de Escuinapa, Sinaloa, quien fue cesado de su cargo por pérdida de confianza en noviembre de ese año, al día siguiente del homicidio del reportero gráfico".

Víctor Ballinas