Pide la justicia a España extraditar a policía asesino
Estudiantes argentinos impiden por tercera vez elegir rector de la UBA
Buenos Aires, 18 de abril. Estudiantes de izquierda volvieron a impedir este martes por tercera vez la elección del rector de la estatal Universidad de Buenos Aires (UBA), la mayor de Argentina, al denunciar que el principal candidato fue funcionario de la dictadura militar (1976-1983).
Por otra parte, la fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que Juan Carlos Fotea, ex suboficial de la policía federal argentina acusado del secuestro del periodista Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura militar (1976-1983), sea extraditado a su país, indicaron fuentes judiciales.
Estudiantes de agrupaciones de izquierda ocuparon nuevamente el edificio del estatal Colegio Nacional de Buenos Aires, donde debía sesionar la Asamblea Universitaria para elegir nuevo rector de la UBA, que cuenta con 301 mil alumnos.
Los manifestantes quieren impedir que Atilio Alterini, decano de la Facultad de Derecho, sea rector de la universidad, acusándolo de haberse desempeñado en la justicia penal y en la alcaldía de la capital argentina durante la dictadura.
El actual titular de la UBA, Jaim Etecheverry, postulante a la relección, dijo que pidió a la justicia que "arbitren las medidas para que la asamblea se pueda realizar", aunque consideró que se registra "un problema político profundo en la universidad que no se resuelve por la fuerza".
"La universidad más prestigiosa de América Latina no puede estar sometida a un grupúsculo que daña la democracia", se quejó Alterini, aunque no aludió a las acusaciones en su contra.
Así las cosas, la fiscal María José Checa aconsejó acordar la extradición de Fotea, reclamado por la justicia argentina, al considerar que "la jurisdicción preferente es aquella donde se cometió el delito" y que en el pedido de extradición "no hay motivación política", precisaron esas fuentes.
Según la fiscal, los delitos que se le imputan a Fotea son "imprescriptibles". El ex represor argentino está en prisión incondicional en Madrid desde noviembre pasado por orden del juez Fernando Grande Marlaska, de la Audiencia Nacional.
El abogado defensor de Fotea, Joaquín Ruiz Giménez, sostuvo que "por razones políticas se está reavivando la polémica de delitos de hace 30 años", y pidió que su cliente sea juzgado en España.
En 1998, el juez Baltasar Garzón imputó a Fotea por torturas y secuestro de María Alicia Milia de Pirles, sobreviviente de la Escuela Mecánica de la Armada.