Pide al gobierno federal no ceder en el proyecto; las tierras no pertenecen a un grupo, dice

Líder del PAN tacha de "terroristas" a Marcos y opositores a La Parota

SERGIO OCAMPO Y MISAEL HABANA CORRESPONSALES

Chilpancingo, Gro., 18 de abril. El dirigente del PAN en la entidad, Javier de Jesús Zepeda Constantino, calificó de ''terroristas'' al dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, y al subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes el sábado anunciaron que impedirán la construcción de la hidroeléctrica.

En conferencia de prensa, el panista demandó al gobierno federal ejercer sus facultades constitucionales para sacar adelante el proyecto y señaló que Suástegui Muñoz cerró filas con los indígenas chiapanecos que apoyan a la delegación de la otra campaña para obstaculizar la obra.

Zepeda señaló que el líder del Cecop no es propietario ''ni de un centímetro cuadrado de la zona en que se pretende construir la presa La Parota'', y aseguró que haber suspendido el suministro de agua del sistema Papagayo a Acapulco lo convierte en ''un verdadero terrorista que secuestra la función de la autoridad municipal del puerto. Incluso la ciudadanía queda secuestrada y amenazada por él''.

Sobre las declaraciones de Marcos, quien advirtió que La Parota sólo se construirá con una guerra, el dirigente estatal del PAN indicó: ''Marcos se mueve en una lógica de guerra. Su estrategia es ciento por ciento militar. Es un proyecto en términos bélicos al que la nación completa ya dijo no.

"La miseria, la pobreza y la marginación son problemas que preocupan a todos los mexicanos, de tal manera que el EZLN no tiene patente de corso para actuar en nombre de quienes los padecen'', agregó.

Zepeda Constantino mencionó que en el caso de La Parota hay un principio básico que no se ha tomado en cuenta: ''Las tierras y las aguas son propiedad de la nación, no de uno ni de un solo grupo. El bien común no puede estar por debajo de la conveniencia política de un individuo cerrado al diálogo, que se atreve a secuestrar la seguridad y la salud de una ciudad como Acapulco''.

Ejidatarios demandan destituir jueces

En Acapulco, un centenar de ejidatarios y campesinos de esta localidad marcharon y efectuaron un plantón para exigir la destitución del titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en el puerto, Rodolfo Lara Orozco, así como la renuncia de jueces que, aseguraron, han afectado sus intereses.

Los labriegos, provenientes de Lomas de Chapultepec, Lomas del Valle, Granjas del Marqués, Bienes comunales de Cacahuatepec, Puerto Marqués, del Cecop y El Cayaco, marcharon desde el ayuntamiento hasta el zócalo de la ciudad.

Alberto Avila González, presidente del comisariado ejidal de El Cayaco, dio a conocer que los campesinos de Acapulco están ''hartos de tanto abuso de las autoridades agrarias'' en Guerrero, que ''sólo se dedican a proteger los intereses de los ricos'', quienes se han apoderado de las tierras más valiosas.

Entrevistado afuera de las oficinas del TUA, el representante ejidal apuntó que cientos de familias pobres han resultado afectadas por las resoluciones de jueces y magistrados.

''Nos inconformamos por tanto abuso de poder de jueces y magistrados, que han causado graves daños a nuestra economía, patrimonio y familia con sentencias amañadas. Le han dado prioridad al interés y no al derecho'', criticó.

Avila González recordó que en su comunidad existe una controversia judicial por la lucha de los habitantes de El Cayaco para que se respeten los límites de un panteón. ''Los ejidatarios tienen la razón'', afirmó.