Un empleado de la PGJE alertó a uno de sus hermanos, dice
Abogado de indígenas denuncia plan del gobierno de Ulises Ruiz para asesinarlo
Oaxaca, Oax., 18 de abril. Israel Ochoa Lara, abogado de los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), denunció que el gobierno de Oaxaca está organizando un plan para asesinarlo, "por defender a quienes encarcela injustamente. Mi trabajo molesta a quienes están en el poder", alertó.
Además de representar a presuntos guerrilleros, ha defendido jurídicamente a luchadores sociales, sindicatos y organizaciones sociales, y algunos casos los ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recientemente asumió la defensa de los presos de San Blas Atempa, distrito de Tehuantepec, y del ayuntamiento popular de San Juan Lalana, distrito de Choapan.
Ochoa Lara, titular del bufete jurídico popular, aseguró que uno de sus hermanos fue alertado por un trabajador de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de los "planes armados" para intentar matarlo, "por decisión de arriba".
Según el empleado, la dependencia ordenó "ejecutar" el caso al policía ministerial del estado Joel Pedro Morales García, miembro del Grupo Especial de Antisecuestros, y al presunto madrina Bertoldo Jarquín Mendoza, quien sin ser empleado de la PGJE usa vehículos y personal de ésta para sus actividades.
"En las afueras de mi casa andan rondando estas personas y buscan a otras más para hacer el trabajo sucio", denunció. Mencionó que ha recibido amenazas de muerte vía telefónica en su despacho y en su domicilio, independientemente de que "ambas líneas están intervenidas ilegalmente".
El abogado de los indígenas zapotecos consideró que la decisión de asesinarlo responde a la defensa jurídica en favor de muchas personas procesadas y encarceladas "injustamente", así como por denunciar la represión, el autoritarismo, el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos del gobierno estatal "fascista y represor", que preside el priísta Ulises Ruiz. "A eso atribuyo la intención de mandar matarme, pues yo no estoy poniendo en riesgo la seguridad del estado ni participo en actividades ilícitas, únicamente defiendo a quien se encarcela injustamente", remarcó.
Ante esta situación, Ochoa Lara subrayó que presentará una denuncia penal por amenazas de muerte contra el policía ministerial y el presunto madrina.
Asimismo, dijo que recurrirá a la CIDH para solicitar medidas cautelares en favor de su persona, "al estar en gran riesgo" su vida por ser un "asunto de Estado" la orden de asesinarlo.
En 1996, policías de Veracruz detuvieron a Ochoa Lara en la ciudad de Jalapa supuestamente por pertenecer al EPR. La Procuraduría General de la República le inició una averiguación previa por incurrir supuestamente en ilegalidades en el desempeño como defensor de los loxichas.