En San Lázaro aprueban el dictamen respectivo
Legisladores y el titular del BdeM podrán ser sujetos a juicio político
A partir de ahora, funcionarios de organismos autónomos, entre ellos el titular del Banco de México, senadores, diputados federales e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrán ser sancionados a través de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y ser sujetos a juicio político.
Por unanimidad, 373 diputados presentes ayer en San Lázaro aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales, con objeto de reformar el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución, donde se reconoce la necesidad de identificar a las personas físicas que desempeñan un cargo o comisión para el Estado, con objeto de demandar el cumplimiento de sus obligaciones a través del actual marco jurídico.
El destinatario de la reforma al primer párrafo del articulo 108 de la Carta Magna lo constituirán desde ahora la totalidad de los servidores públicos, "es decir, la persona física que por disposición de ley, elección popular, nombramiento, designación o contrato de trabajo ejerza o participe en el ejercicio de funciones públicas en cualquiera de los poderes de la Unión".
Tal medida incluye a todas aquellas personas que se desempeñen como funcionarios al servicio del Estado, garantizando que se desenvuelvan dentro de los principios rectores de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas.
Francisco Frías, diputado del PRI, explicó que la reforma al artículo citado resuelve aquellas omisiones que contemplaba a los funcionarios de los organismos autónomos y a los legisladores federales, junto con los del Distrito Federal.
El coordinador parlamentario del PRD, Pablo Gómez, puntualizó que la reforma de referencia coloca al Poder Legislativo en la posibilidad de iniciar juicio político, si fuera el caso, al gobernador del Banco de México.
La reforma subsana el hecho de que senadores, diputados y asambleístas, junto a funcionarios de organismos autónomos continúen gozando de impunidad, y se abre la puerta a la posibilidad de someterlos a un proceso político y administrativo.