Confían en que con ello se logre presionar a la PGR
Ministros abrieron una puerta para la justicia, señalan ONG
"Es el camino que ha debido ser; es el camino correcto, pero nunca lo habían abierto", expresó Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Comité Eureka, luego de la decisión que tomó ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos de la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro.
Ibarra de Piedra aseveró que la decisión de la Corte "me da mucho gusto, pero también tristeza de que no haya sido así en el caso de los ciudadanos vascos que van a ser extraditados, ni el caso de los trabajadores de la Cooperativa Pascual. Ahora, con esta decisión, abrieron una puerta importante para que se haga justicia en el país". Lydia Cacho, sostuvo, no merece lo que le han hecho.
Asimismo, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, consideró positivo el que la Corte haya ejercido su facultad para investigar las violaciones de que fue objeto la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro, por todo lo que deja entrever este caso, que es la influencia del Ejecutivo estatal sobre el sistema de justicia en Puebla.
Cortez recordó que el precedente de esta decisión fue la matanza de Aguas Blancas, donde también la Corte investigó, y con esto se fortalece la facultad del Poder Judicial, para que en realidad se haga justicia y de esa manera se fortalezca la justicia en el país.
Destacó que con esta acción la Corte deberá investigar posibles elementos constitutivos de delito, tendrá que abrir una nueva fase de averiguaciones previas, pero como la instancia no es procuradora de justicia, es de esperarse que con su trabajo presione a las procuradurías General de la República y General de Justicia de Puebla, porque ésta ultima se niega a investigar al gobernador Mario Marín.
A su vez, David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró de enorme relevancia la decisión de los magistrados. Explicó que a veces la SCJN puede hacer uso discrecional de esa facultad, pero en este caso al parecer sí hay interés jurídico por un caso que ha conmocionado a la opinión pública.
Velasco recordó que en Aguas Blancas aunque se investigó, los responsables de la matanza no fueron castigados; las recomendaciones quedaron en el aire, y curiosamente hoy algunos responsables que fueron señalados aspiran a cargos públicos. "Espero que el error de Aguas Blancas no sea precedente para que ocurra lo mismo en el caso de Lydia Cacho; ojalá se tomen en serio las recomendaciones y la Cámara de Diputados pueda promover juicio político para desaforar a Mario Marín.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, consideró acertada la decisión de la SCJN, porque en este caso se trata de violaciones graves y notables a los derechos humanos. "Esperemos que no ocurra lo mismo que con las resoluciones de la Corte en la investigación de Aguas Blancas", indicó.