Entre la urna y el trancazo
No falla. Cuando se da a conocer una encuesta que pone en tela de juicio la ventaja de Andrés Manuel López Obrador en la carrera por la Presidencia de la República, él mismo o sus seguidores cuestionan su validez o, alternativamente, sostienen que hay una conspiración en marcha cuyo objetivo es arrebatarles el triunfo. Asimismo, nos advierten que no lo van a permitir y que recurrirán a "amplias movilizaciones", al "apoyo del pueblo" para defender el voto. Así que debemos todos estar bien atentos: o aceptamos desde ahora el triunfo de López Obrador y actuamos en consecuencia, es decir, nos sumamos a su movimiento, o nos callamos la boca. De no hacerlo, debemos atenernos a las consecuencias que pueden resumirse en un eventual desbordamiento de las instituciones. Nuevamente, en entrevista con Enrique Méndez en este diario, el pasado lunes el presidente del PRD, Leonel Cota nos lo recuerda.
No se necesita mucha agudeza para leer en este mensaje del lopezobradorismo la amenaza de la rebelión contra resultados electorales desfavorables, vía las tácticas conocidas de la "movilización popular", que, contrariamente a lo que la expresión sugiere, nada tiene de espontánea y sí mucho de organizada por redes clientelares y activistas políticos que repudian normas y reglas legales porque los limitan. Para los lopezobradoristas la derrota es impensable, al menos eso dicen, y pretenden que para nosotros también lo sea. El objetivo de esta táctica de campaña es acostumbrarnos a la idea de que la victoria de López Obrador el próximo 2 de julio está en la naturaleza de las cosas; así, si los resultados efectivos no la confirman, serán recibidos como una aberración. Y entonces sí, agárrense, porque el pueblo tiene la palabra o, como dice el señor Cota: "la ciudadanía impondrá la legalidad", lo cual implica que haría a un lado al Estado responsable de hacerlo.
Más allá de las insidiosas implicaciones que esta estrategia puede tener sobre el proceso electoral, esta táctica revela la profunda aversión al riesgo democrático que rige el comportamiento de López Obrador y de sus seguidores. Aterrados por la imposibilidad de predecir con certeza el resultado de las urnas, se apresuran a darlo por un hecho. El mismo temor al comportamiento voluble de la opinión pública está detrás de la negativa del candidato de la coalición Por el Bien de Todos a debatir en público con los demás participantes en la contienda presidencial. El propio López Obrador, consciente de sus limitaciones, justificó hace unos días esta decisión con el argumento de que no podía poner en peligro "el movimiento". Es decir, no podía correr el riesgo de tomar posiciones precisas en relación con temas espinosos, equivocarse y revelar su desconocimiento de datos duros de la realidad del país, o decir una barbaridad, tartamudear, o simplemente quedarse mudo frente a contrincantes con experiencia parlamentaria y mayor habilidad verbal -cuando menos. No quiere correr el riesgo de que los electores veamos cómo reacciona bajo la presión de las cámaras de televisión en una situación de competencia. Los lopezobradoristas y su líder suspiran por el México de antaño, por la predecibilidad de las elecciones que organizaba Luis Echeverría desde la Secretaría de Gobernación, por el país de las firmes mayorías priístas que no dejaban lugar a dudas, donde el PRI organizaba a la gran familia mexicana, armoniosa y unida en torno a sus invencibles candidatos y a su gran líder que era el señor presidente. Un país donde la oposición sólo podía estar guiada por la mala fe, intenciones aviesas o intereses ilegítimos.
En la entrevista mencionada, el señor Cota parece olvidar que como presidente de un partido nacional es corresponsable del desarrollo exitoso de las elecciones conforme a las reglas establecidas, y al respeto a las instituciones que organizan los comicios. Sin embargo, sin más base que la paranoica fabricación de conspiraciones, que es la imagen de marca del lopezobradorismo, Cota siembra la duda respecto a la confiabilidad del IFE, denuncia a su presidente y lo acusa, sin ninguna prueba, de deslealtad a la institución que dirige. Haciendo a un lado la sustantiva tranformación de las instituciones electorales de los últimos casi veinte años, se refiere a la crisis de 1988 y al supuesto despojo que sufrió entonces el ingeniero Cárdenas como un posible antecedente de la próxima elección. Bien debe saber el presidente del PRD que en ese caso ninguno de los candidatos pudo probar en forma satisfactoria su triunfo. Los cambios que se introdujeron en leyes e instituciones a raíz de esos acontecimientos dieron mayor legitimidad a los triunfos electorales de Leonel Cota como diputado del PRI en 1994 y como alcalde de La Paz en 1997. Entonces seguro que aplaudía instituciones y procedimientos, y ni se acordaba de 1988.