Golpe a petroleras extranjeras en Ecuador

Quito, 19 de abril. El Poder Legislativo de Ecuador aprobó que las petroleras extranjeras que operan en el quinto productor de crudo de América del Sur entreguen a la caja fiscal ''al menos'' 50 por ciento de los ingresos extraordinarios generados por los altos precios actuales. El Parlamento, con el apoyo de 41 de 79 diputados presentes en la sesión, acogió un veto parcial presentado por el presidente Alfredo Palacios a la reforma a la Ley de Hidrocarburos y dio marcha atrás en su propuesta original, por la que las compañías debían desembolsar 60 por ciento. La resolución legislativa se convirtió en el golpe de gracia a las compañías contrarias a la aprobación de la reforma, porque consideraban que atentaba contra los contratos suscritos con Quito y era posible hacer una denuncia ante cortes locales e internacionales por confiscatoria. Ante el fracaso de iniciativas como la renegociación de los contratos, Palacio vendió la reforma como la vía para participar de los beneficios que recibieron las petroleras desde 2002 por el alza de precios en el mercado mundial. La reforma, que será publicada en el periódico oficial, dotará de 600 millones de dólares anuales al país, más allá de la participación que recibe por la producción de compañías como la estadunidense Occidental Petroleum Corp. y la española Repsol-YPF, entre otras. Las petroleras extranjeras, que han amenazado con reducir sus inversiones, producen 62 por ciento de los 530 mil barries diarios que se extraen en Ecuador. En el caso de concretar sus amenazas, Quito ha advertido que les retirará sus concesiones argumentando violaciones contractuales. La modificación a la ley que rige al sector prevé que las compañías desembolsen al menos la mitad de los ingresos producto de la diferencia entre el precio actual del crudo y el valor usado como referencia en los contratos ajustados conforme al índice de precios del consumidor de Estados Unidos. La reforma generaría en el segundo semestre del año alrededor de 250 millones de dólares para las arcas fiscales, afectadas por onerosos subsidios estatales sobre los precios de los combustibles, mientras las empresas gozan de importantes ingresos.

Reuters