Proyecto del gobierno capitalino y el organismo internacional
Blindará el PNUD apoyos a sectores vulnerables contra su uso electoral
El Gobierno del Distrito Federal solicitó al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México la elaboración de un diagnóstico sobre la vulnerabilidad de sus programas sociales a su utilización con fines electorales, al tiempo que aplicará las recomendaciones que el organismo internacional entregó en marzo pasado a las autoridades federales para fortalecer la protección de sus programas.
Thierry Lemaresquier, representante del PNUD en el país, dijo que la decisión del DF de ser la primera entidad del país en adoptar dichas recomendaciones, e ir más allá al presentar su estrategia para proteger con acciones adicionales sus propios programas, "demuestra el apego del gobierno de la ciudad de México a los valores esenciales de la democracia".
El jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, y Lemaresquier presentaron el proyecto ante los principales operadores de los programas sociales de la administración local: las secretarias de Desarrollo Urbano y Vivienda, Laura Itzel Castillo; de Salud, Asa Cristina Laurell, y de Economía, Jenny Saltiel; la directora del Fondo de Desarrollo Económico, Rocío Mejía Flores; la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, María Luz de la Soledad Lozoya; del director del Instituto de la Vivienda, David Cervantes, así como del titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Enrique Provencio, quien estará a cargo de coordinar el programa con el PNUD-México.
Estas acciones, resaltó Lemaresquier, "contribuirán a propiciar un ambiente de mayor civilidad y confianza de cara al actual contexto político-electoral". Indicó que el fin que se persigue es la realización de elecciones libres, equitativas, transparentes y respetables. "Sin estas características resulta imposible avanzar en la construcción de una democracia", advirtió.
Encinas dijo, por su parte, que acciones como la universalidad de los programas, la claridad de los criterios de asignación y los mecanismos de financiamiento, como se hizo con la pensión universal para adultos mayores y se propone ahora con el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos, se fortalecen las políticas públicas y se evita un manejo discrecional o condicionado de los programas.
Explicó que el proyecto con el PNUD se desarrollará en dos etapas; la primera, con miras al 2 de julio, para establecer los "candados y el blindaje a los programas sociales", y la siguiente a partir del 3 de julio y hasta que concluya la actual gestión, "para que podamos dejar a la siguiente administración no solamente blindados los programas sociales, y garantizada su permanencia con los instrumentos jurídicos, institucionales y presupuestales, sino también para que la futura administración tenga las herramientas para garantizar el manejo adecuado y eficiente de sus programas sociales".