Condicionan trabajadores fin del conflicto a la restitución del depuesto líder minero
Negocia el gobierno con enviados de Gómez Urrutia en Michoacán
Renuncian titulares de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial estatales; liberan a obreros detenidos
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Interior de la planta de Sicartsa, luego de la refriega del jueves entre policías y mineros, donde murieron dos trabajadores
Foto: Alfredo Domínguez
Lázaro Cárdenas, Mich., 21 de abril. El gobierno federal reconoció a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), liderada por el depuesto Napoleón Gómez Urrutia, para establecer una mesa de negociación que destrabe el conflicto en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa).
En tanto, los trabajadores denunciaron que elementos policiacos abrieron fuego "a mansalva" contra varios de sus compañeros. Afirman que los decesos fueron producto de acciones con alevosía y ventaja, por lo que pidieron "castigo para los autores intelectuales" de la agresión.
A su vez, Luis Migliavaca, encargado del área de Concertación Social de la Secretaría de Gobernación (SG), se comprometió a que no habrá ningún acto violento. "Pueden dar por descontado cualquier intermediación por la fuerza", dijo al término del primer acercamiento entre los enviados de las autoridades de esta entidad y del gobierno del presidente Vicente Fox con dirigentes de la sección 271 y del comité ejecutivo que reconoce a Gómez Urrutia como líder del SNTMMSRM.
La empresa estuvo ausente en el inicio del diálogo, mientras que hasta anoche la planta permanecía en poder de los trabajadores, aun con la custodia del Ejército en las áreas calificadas de "emergencia", es decir, aquellas como Alto Horno, cuya actividad no puede ser frenada, por cuestiones de seguridad.
También se confirmó que fueron liberados los cinco obreros que en la víspera fueron detenidos durante la batalla que protagonizaron agentes policiacos y mineros. Esta acción fue considerada por los trabajadores como "una buena señal" para iniciar las pláticas con el gobierno.
Un día después de la intervención de fuerzas federales y estatales para intentar desalojar a los obreros que encabezan -desde el 2 de abril- un paro en la productora de varilla corrugada más importante de América Latina, representantes del mismo equipo gubernamental que dio "toma de nota" (reconocimiento oficial) a Elías Morales como nuevo dirigente del sindicato minero, en sustitución de Gómez Urrutia, vinieron hasta aquí en busca de un arreglo.
Con el saldo de dos jóvenes obreros asesinados por arma de fuego y varias decenas de heridos -algunos de ellos son atendidos en el hospital general de Morelia y en el Distrito Federal-, el titular de la SG, Carlos Abascal Carranza, decidió enviar a un funcionario de nivel medio, al tiempo que en Morelia, capital de esta entidad, se confirmaban las renuncias del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Gabriel Mendoza Jiménez, y de Jaime Liera, coordinador de la Policía Ministerial.
Los trabajadores antepusieron diversas condiciones para buscar una salida pacífica al conflicto. En principio, el desistimiento de la empresa, propiedad del Grupo Villacero, de al menos 35 demandas penales contra integrantes del comité local del sindicato, y de Mario García, comisionado de la dirigencia encabezada por Gómez Urrutia.
En segundo término, solicitan que los gobiernos estatal y federal retiren los cuerpos de seguridad de la zona del conflicto. En un recorrido de este diario se pudo constatar la presencia de policías ministeriales armados, quienes están concentrados en puntos estratégicos de este puerto.
Piden que el Grupo Villacero reconozca a Gómez Urrutia como el máximo representante de este gremio y, por tanto, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social retire la toma de nota a Elías Morales, a quien los obreros de la sección 271 consideran "esquirol y traidor".
Además, exigen que los cerca de 300 sindicalizados de la sección 273, perteneciente a la empresa Viga Trefilados, se separen de la puerta 2 de Sicartsa y regresen a resguardar su fuente laboral, ubicada en la isla del Cayacal, a cinco kilómetros de la planta acerera en conflicto.
La dirigencia local y los enviados de la nacional del SNTMMSRM solicitaron una investigación a fondo que dé con los responsables del asesinato de sus compañeros, así como de las fuertes agresiones a decenas más que mantienen a varios en estado de gravedad.
"¡No se vale que, cobardemente, el hijo de la chingada del jefe de la (policía) ministerial (Jaime Lira Alvarez) diga que nosotros teníamos las armas de fuego... Vamos a exigir que esos cabrones (policías) paguen!... Si el gobierno quiere diálogo, tendrá diálogo; si quieren chingadazos, aquí estamos, les vamos a seguir dando", expresaron integrantes de la dirigencia local, sección 271, encabezada por Martín Rodríguez.
En el pliego de peticiones que entregarán al gobierno, como única alternativa para aceptar los acuerdos de la mesa de negociación, se incluye la solicitud para que intervenga como "árbitro" el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
Este organismo estableció una unidad móvil para recibir quejas ciudadanas sobre presuntos abusos de autoridad. La CNDH recibió testimonios de autoridades de los tres nivels de gobierno, al tiempo que dos médicos legistas de esta comisión acudieron al Servicio Médico Forense para verificar las condiciones en que ocurrieron los decesos.
Juan Escamilla, secretario de Conflictos Sociales del comité nacional del sindicato minero, dijo que no bastan las promesas del desestimiento de las órdenes de captura, y advirtió que sólo con los documentos respectivos enfrente podrán empezar el diálogo.
Ante cientos de obreros que permanecen en guardia en la entrada principal de la planta acerera, el dirigente envió un mensaje de Gómez Urrutia. "Napoleón habló con nosotros por teléfono ayer (jueves) en la noche. Si pudiera, el estaría aquí, pero todavía no hay condiciones para ello".