Condena la Iglesia católica los actos de represión
El Estado, obligado a preservar la vida y derechos de personas: ONG
La principal obligación de un Estado democrático es la preservación de la vida y de los derechos de la persona humana, los cuales han sido violentados por "la acción represora" del gobierno mexicano en contra de los trabajadores mineros de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, aseguraron más de 20 organizaciones y defensores de derechos humanos.
"Esta situación resulta tanto más grave cuando se altera la paz social, a unos meses de las elecciones federales", manifestaron las ONG. Por ello, exigieron al presidente Vicente Fox y a las autoridades laborales que respeten la vida interna de los sindicatos y reparen el daño a las víctimas de la represión.
En un comunicado de prensa, los activistas expresaron que aunque se creía superado el "peor autoritarismo", se ha retomado el pretexto de responsabilizar a las víctimas de la represión a manos de los cuerpos policiacos.
En tanto, Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), aseguró que la tragedia del jueves pasado en Michoacán se hubiera evitado si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no se hubiese entrometido en la vida interna del sindicato minero y no porque los mineros no respetaran la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje -como dijo ayer por la mañana el vocero presidencial Rubén Aguilar.
En entrevista, afirmó que la violencia suscitada en la siderúrgica "es un problema inducido por la propia Secretaría del Trabajo, al promover un liderazgo que no existía" en el gremio minero, razón por la cual "ha perdido la concentración".
El activista dijo que el gobierno de Fox asegura que no cederá ante la presión de sindicatos, pero sí "tiene una posición endeble al aceptar la presión empresarial". Además, señaló, puede pensarse que la administración federal desea sancionar la lucha obrera, "parece que este régimen ha perdido la brújula y que en lugar de impulsar el diálogo está llevando a los trabajadores a la resistencia".
Más tarde, en un comunicado de prensa, el Cereal deploró las acciones policiacas contra los trabajadores de la sección 271 del sindicato minero, por las que murieron dos personas y resultaron heridas más de 40. La organización destacó que cuando se declaró ilegal el paro que realizaban los trabajadores y la posterior acción policial no tomó en cuenta que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha reconocido el derecho de huelga como una garantía legítima, "se pasaron por alto" las recomendaciones de dicho órgano internacional.
En tanto, La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó al gobierno federal, a los empresarios de Sicartsa y a los mineros que se enfrentaron a las fuerzas policiacas en defensa de sus derechos laborales, "a reflexionar sobre la lucha de la clase trabajadora para la tutela de sus justos derechos, labor fundamental de los sindicatos".
Al reiterar que "la violencia no constituye jamás una respuesta justa", la CEM se sumó al dolor y sufrimiento por el que atraviesan los familiares de los mineros fallecidos en el enfrentamiento sostenido el jueves pasado entre trabajadores metalúrgicos, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y fuerzas del orden estatal.
El organismo hizo votos para que "las instituciones sindicales se mantengan en su papel de ser instrumentos al servicio de los trabajadores y no sean usados en defensa de los intereses de particulares de unos pocos".
En un comunicado, la CEM le recordó a las partes involucradas que en una sociedad democrática y participativa, la inconformidad y las diferencias se resuelven mediante el diálogo y la concertación.