Usted está aquí: lunes 24 de abril de 2006 Opinión Tiempo boliviano

Editorial

Tiempo boliviano

Con Evo Morales ganó el gobierno en Bolivia una nueva izquierda indígena que no comparte los principios, ni el recetario de manual, ni el radicalismo de las décadas pasadas. Una izquierda de acción colectiva que ha buscado modificar desde el primer momento de su gestión las conductas de la presidencia, de los ministerios y del Parlamento. Una izquierda que busca impulsar la creciente participación de indígenas en la toma de decisiones en los niveles de ejecución administrativa del Estado.

La victoria de esa izquierda no fue, sin embargo, un simple vuelco en la disputa por la administración pública, sino parte de una revolución democrática y popular. En Bolivia se vive una lucha por el poder, no solamente una lucha por el gobierno; una lucha por el poder de nuevos sectores, nuevas clases sociales y nuevos grupos culturales. El triunfo electoral de Morales comenzó a resolver de manera electoral un empate catastrófico entre distintos proyectos de país de contenido étnico, clasista y regional que estaba generando inestabilidad e incertidumbre social. Pareció, en su momento, anunciar la resolución pactada de la lucha por el poder.

Sin embargo, esa izquierda llegó al poder en un país desmantelado por más de 20 años de políticas neoliberales, con graves rezagos económicos y sociales, y una enorme urgencia de los sectores populares por resolverlos. Una nación fuertemente polarizada y sin cohesión social. Un país en el que amplios sectores reivindican una nueva Asamblea Constituyente y la nacionalización de recursos naturales para avanzar en un conjunto de transformaciones institucionales que permitan la descolonización del Estado boliviano y su sustitución por uno multicultural.

A diferencia de otros países, en donde el triunfo de gobiernos progresistas ha sido acompañado de una tregua en la solución de las demandas de los grupos sociales que constituyen su base de apoyo, en el caso de Bolivia la victoria de Evo Morales no ha provocado la desmovilización de los sectores populares. Por el contrario, se ha producido una confluencia de luchas entre fuerzas oligárquicas claramente adversas a la nueva administración y sectores populares que reclaman la solución inmediata de sus demandas ancestrales. Huelgas, manifestaciones y protestas se han sucedido unas a otras, prácticamente sin interrupción, desde el día en el que el nuevo gobernante asumió el mando.

Por ello el nuevo mandatario tuvo que declarar que "no se pueden remediar en 90 días los males provocados por 20 años de gobiernos antinacionales". Pero, lejos de ver en esas expresiones de malestar un complot, aseguró: "Empujados por los movimientos sociales que nos apoyan y controlan, estamos avanzando a paso firme para dejar atrás una historia negra de exclusión y sometimiento de las mayorías nacionales".

Sintomáticamente esas expresiones de descontento no han provocado una caída significativa de su popularidad. En el mes ésta alcanzó la cifra récord de 80 por ciento. Una aceptación de la que no goza ningún jefe del Ejecutivo en Latinoamérica.

El nuevo gobierno cree que es posible construir en su país una modernidad económica vinculada a los mercados globales, al desarrollo tecnológico contemporáneo y a sectores empresariales, pero reconociendo obligatoriamente a las otras plataformas de la modernidad vinculadas a sus capacidades vernáculas: fuerzas comunitarias, artesanales, pequeños productores y de economía mercantil simple, poseedoras de otra racionalidad de organización del trabajo, de uso del excedente, de sistemas tecnológicos, saberes, formas organizativas y distribución de la riqueza. Sin embargo, un proyecto de esta naturaleza necesitará de tiempo para mostrar su viabilidad.

Y tiempo es lo que el gobierno de Morales necesita para hacer frente a las dificultades de una administración que no puede ­aunque quiera­ proporcionar justicia social expedita, hacer reformas institucionales de fondo, rápidas, e impulsar un modelo de desarrollo alternativo. Se trata de una lección que los gobiernos progresistas de la región ­y quienes aspiran a ocuparlos­ deben aprender.

 
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