Vergüenza nacional
Tiene razón Cuauhtémoc Cárde-nas: la libertad, la justicia y el derecho en México viven días de luto. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la extradición al reino de España de seis ciudadanos de origen vasco constituye una claudicación del máximo organismo judicial en sus obligaciones de impartir justicia, tutelar principios esenciales del derecho y preservar los valores institucionales y constitucionales del Estado mexicano. Significa, además, un atropello al derecho de asilo, que desacredita la imagen tradicional de México como tierra de refugio.
La extradición de Axun Gorrotxategi, Ernesto Alberdi, Jon Artola, Félix García, Asier Arronategi (mexicano por naturalización) y Joseba Urkijo es una barbaridad. Si se hacen a un lado la retórica y las trampas semánticas, el pleno de la SCJN no actuó con criterio jurídico; fue un verdadero juicio político. Más allá de tecnicismos legales y los mitos sobre el estado de derecho en México, la mayoría de los miembros de la Suprema Corte actuó con espíritu de búnker. Como integrantes de un poder del Estado en una sociedad jerarquizada y clasista, subordinados, por tanto, a los intereses dominantes. El poder es, para el búnker, la emanación jurídica y soberana de su pura voluntad de mando. Los ministros forman parte de una elite gobernante cuyo dogma son el dinero, el poder y las instituciones. Y ninguna de las tres cosas es, al parecer, negociable. Para defender sus intereses, los que mandan usan la justicia como arma.
Como señala Samuel I. del Villar en su obra póstuma Agravios nacionales en la hacienda pública 1982-2005 (Editorial Océano, 2006), bajo el gobierno de Vicente Fox, en su "nueva era", es evidente el "deterioro" de la SCJN, merced "a actuaciones arbitrarias, irresponsables y subordinadas a intereses políticos y económicos", que derivaron en escándalos públicos sin precedentes y en la "protección judicial abierta (...) de la corrupción estructural", como son los casos Fobaproa-IPAB (la subordinación de la "justicia" federal a la Secretaría de Hacienda para encubrir la más formidable defraudación al erario); Paraje San Juan y El Encino (que exhibieron la subordinación política de la Corte al presidente Fox en el golpe de Estado al régimen constitucional de derecho con el intento de derrocamiento, encarcelamiento e inhabilitación electoral del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador), con el agravante de que el propio presidente de la SCJN, Mariano Azuela, se reunió en privado con Fox para concertar el desafuero, borrando de tajo la división de poderes y poniendo a la máxima instancia judicial como cobertura del fallido intento de golpe de Estado.
La misma subordinación a un Estado extranjero que se verifica ahora en el caso de los vascos, capturados con violencia en varias partes de México el 18 de julio de 2003, a partir de una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional española, en el marco de la llamada Operación Donosti. Garzón los acusa de formar parte de una presunta "red financiera" de la organización separatista Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad, en euskera). Como afirma la abogada defensora Bárbara Zamora, desde el momento de la captura se montó una "farsa jurídica" y cuando el caso llegó a la Suprema Corte ya "había línea y consigna". La extradición "estaba pactada". Los ministros estaban "subordinados" al juez Garzón en virtud de los "compromisos" contraídos por el presidente Vicente Fox con el gobierno de España. Actuaron como "amanuenses" de un juez extranjero y "subordinaron" la independencia del Poder Judicial a "los caprichos e intereses políticos" del jefe del Ejecutivo mexicano.
Cabe recordar que el día anterior al operativo de detención se reunieron en Los Pinos el presidente Fox, el entonces procurador general de la República, Rafael Macedo y el juez Garzón. Con posterioridad Garzón ha visitado México en infinidad de ocasiones, dándose todo tipo de presiones, a lo que se suma la injerencia del ex jefe del gobierno español, José María Aznar, ideólogo neofranquista inspirador de los nuevos aires ultramontanos que inspiran al candidato a la presidencia de Acción Nacional, Felipe Calderón, y a ese pichón de Goebbels que encarna Manuel Espino, protofascista dirigente partidario.
La cesión de soberanía del gobierno de México, al tomar partido por una de las partes en el contencioso histórico que enfrenta al País Vasco con los estados español y francés, arrancó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y se profundizó durante las de Zedillo y Fox. México es el país que más ha colaborado con la represión del Estado español tras la reforma de la dictadura franquista en monarquía parlamentaria, habiendo ex-pulsado a 27 ciudadanos vascos y extraditado a otro en los últimos 10 años, dando la espalda a la política de asilo puesta en marcha por la Constitución de la Revo-lución Mexicana. La insensibilidad -por decir lo menos- de ocho ministros de la SCJN ocurre, además, luego de que la ilegalizada Batasuna presentó una propuesta denominada Ahora el pueblo, ahora la paz (2004), que sentó las bases para un proceso de pacificación. En mayo de 2005 el parlamento español aprobó una resolución en la que facultaba al gobierno de Rodríguez Zapatero a dialogar con ETA en determinadas condiciones, a lo que ésta respondió cerrando el frente armado contra políticos del Partido Socialista y del Partido Popular. Para vergüenza de México, es en ese contexto que, con excepción del ministro Genaro Góngora, los integrantes de la SCJN optaron por dar la espalda a la justicia y a las tradiciones humanistas del Estado mexicano.