Las Truchas: la crisis de un modelo de mando
La revuelta obrera de Lázaro Cárdenas no es un hecho aislado, sino expresión de un fenómeno mucho más profundo y extendido: la explosión de la ira popular ante los agravios de la autoridad.
Agravio es el perjuicio sobre el cual la víctima no puede rendir testimonio porque no puede ser escuchada. Las decenas de pequeñas sublevaciones en marcha son acciones en las que los afectados, por los abusos de los poderosos, toman en sus manos la reparación inicial del daño y ejercen un acto de justicia: gritan y obligan a que se les oiga. Derrumban así las barreras que los segregan. Comunican a los otros las ofensas sufridas en su propio lenguaje.
El recuento de los choques entre ciudadanos que protestan y la fuerza pública durante los últimos dos años es impresionante por su número. Se han producido en todo el país. Aunque las demandas de los grupos inconformes son muy variadas, sobresalen las de afectados por la construcción de obras que despojan bienes públicos o comunitarios en beneficio de manos privadas.
La represión no distingue colores partidarios: los gobiernos del PAN, del PRI y del PRD mandan por igual a gasear y dar toletazos a quienes protestan. Con frecuencia las víctimas son jóvenes y mujeres. En todos los casos es notable la brutalidad e intransigencia policiaca, pero en las localidades y estados con autoridades panistas la represión alcanza niveles sorprendentes.
Algunos de estos conflictos, como el que opone a los ejidatarios con las autoridades federales por la construcción de la presa La Parota, en Guerrero, o la de quienes defienden el Cerro de San Pedro de Minera San Xavier, en San Luis Potosí, son conocidos. Otros han sido expuestos con toda crudeza y dramatismo en el transcurso de la otra campaña. Pero la mayoría han pasado desapercibidos para la opinión pública.
Los ejemplos abundan. El pasado 14 de febrero, 123 personas resultaron heridas durante el desalojo de simpatizantes panistas de la alcaldía de Atitalaquia, Hidalgo. Veinte vehículos fueron dañados, 50 bicicletas incendiadas y 84 manifestantes detenidos. Los granaderos, armados con toletes y gases lacrimógenos, enfrentaron a la multitud, que respondió con palos, piedras y machetes. Protestaba porque el triunfo de su candidato a presidente municipal fue revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ese mismo día, por órdenes del alcalde perredista, policías de Juchitán, Oaxaca, dispersaron con armas de fuego y golpes de macana un plantón de mujeres del ejido Emiliano Zapata, frente al palacio municipal. Ellas exigían la destitución del agente municipal de su ejido. En el operativo de desalojo se dispararon armas de fuego. Las doñas resistieron. Nueve personas resultaron heridas.
El 7 de marzo elementos del ejército acudieron a la comunidad indígena de Santa María del Oro, en Nayarit, para anunciar a sus habitantes que serán desalojados de sus viviendas porque su poblado se anegará al concluir la construcción de la presa El Cajón. Los pobladores aseguran que no han recibido indemnización alguna, "y los soldados llegan y nos dan empujones".
Roberto Lugo Hernández, un albañil de Tultitlac, estado de México, cayó muerto el pasado 18 de abril, cuando policías del Instituto Nacional de Migración y del municipio le dispararon por la espalda durante un operativo en contra de inmigrantes centroamericanos. Indignados, los vecinos de la localidad se enfrentaron con los agentes y quemaron sus patrullas.
En los círculos de poder se padece el síndrome de Atenco. En ellos, el uso de la fuerza pública para acallar el descontento social goza de buena reputación. La lucha de los ejidatarios de Atenco en contra de la expropiación de sus tierras para construir un gran aeropuerto se convirtió, en el imaginario del México de arriba, en el ejemplo de lo que no debe hacerse para enfrentar la resistencia de abajo a sus planes de "modernización", o sea, de sus planes de negocio: renunciar al uso "legítimo" de la violencia del Estado. Para ellos el gobierno federal sentó un precedente inadmisible al negociar con los inconformes en lugar de ejercer la mano dura.
El problema es que la revuelta obrera de Las Truchas hace añicos esa convicción. El uso "legítimo" de la violencia para solucionar un conflicto social resultó ilegítimo y, además, no resolvió nada. La capacidad de respuesta de los trabajadores metalúrgicos, nacida de su voluntad autónoma, de su solidaridad, cooperación y disciplina, echó por la borda la pretensión gubernamental y empresarial de que con una manotazo en la mesa las cosas iban a volver a la normalidad.
Para colmo de males de los que mandan, la sublevación de Lázaro Cárdenas desmiente la certeza de que "esas cosas no pasan en México". Resulta que el radicalismo obrero no es parte de las luchas gremiales del pasado ni es exclusivo de otros países, sino un hecho palpable en la vida laboral de este país. La amenaza del de-sempleo, la reconversión industrial, las listas negras y los charros sindicales, no han podido acabar ni con la resistencia fabril ni con la conciencia de clase. Las Truchas muestra tanto lo que ya acontece en otros sectores de la población como lo que puede llegar a suceder en muchos más: la desobediencia de los que están acostumbrados a obedecer a los que se sienten con el derecho de sangre de mandar.
La pasión que anima esa desobediencia del México de abajo es una fuerza poderosa: la negativa a seguir viviendo agravios; esto es, una reivindicación profunda de dignidad, incomprensible para el México de arriba.