Estampas del peligro verdadero
Esta semana encierra evocaciones de enorme significado, así como acontecimientos y definiciones que huelen a impunidad. El día de hoy se cumplen cinco años de que el Senado aprobó el dictamen de la contrarreforma indígena con la unanimidad que el PRD hizo posible, y con ello se accionó el gatillo que disparó en el corazón del proceso de paz y que dejó al zapatismo y a los pueblos indígenas a expensas de lograr su avance y la consolidación de la autonomía por la vía de los hechos, cuestión que ahora han abierto a una perspectiva de lucha anticapitalista que agrupe a sectores sociales golpeados por las políticas neoliberales, la cual tiene su expresión en la otra campaña.
También hace un año la multitudinaria marcha del silencio, ante todo ciudadana, había logrado frustrar el desafuero de López Obrador, a quien la derecha ve como "un peligro" en clara evocación de las consignas macartistas, lo que en lenguaje contemporáneo entraña el fomento del voto del miedo, cuestión que no parece importar al Instituto Federal Electoral, árbitro que el próximo 2 de julio deberá determinar quién ganó las elecciones presidenciales.
Por otra parte, la Corte rechazó la propuesta de crear una comisión que investigara los crímenes del 10 de junio de 1971; sus argumentos no tocan el terreno de lo jurídico: prevalecieron en siete ministros los del abogado de Luis Echeverría, e incluso se atrevieron a referir que ya se investigó y que además no tendría resultados prácticos, entre muchas otras barbaridades.
Se pretendía la vía de la comisión como un activismo a favor de la justicia, pero también se sabía que por sí solo difícilmente avanzaría en el complejo escenario de continuidad histórica de la impunidad. Hay mucho que analizar ante los magros resultados del trabajo de una fiscalía que no se podía sostener sólo en el pie jurídico, pues sigue vigente el "derecho de zancadilla" de los grupos de poder príistas que hoy por hoy se imponen para impedir que se alcance la justicia en los crímenes de Estado de ese régimen.
Fuera de circunstancias particulares y de intrigas palaciegas, lo que esta experiencia nos dice es que el debate no radica en la definición entre comisión de la verdad o fiscalía especial, sino que debemos poner la mira en el retrato del Poder Judicial y de la procuración de justicia, pero, ante todo, en los poderes realmente existentes.
En ese contexto parecen interesadas las ambigüedades foxistas sobre la desaparición o no de la fiscalía que ha encabezado Ignacio Carrillo Prieto, pues este gobierno ya tiene su propia cauda de interés en las monedas de cambio que aseguran impunidad ya no sólo con los escandalosos negocios familiares que deberían investigarse, sino ahora con el ingreso a los caminos de la represión directa a raíz del "diligente" desalojo de las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), que provocó la muerte de los mineros Mario Alberto Castillo y Héctor Alvarez, y dejó heridos a 40 trabajadores, cuestión que de paso contó con la participación de fuerzas policiacas del estado de Michoacán y que de nueva cuenta debería esclarecerse más allá de las necesarias renuncias de funcionarios involucrados. "El Estado tiene que hacer su trabajo", declaró en entrevista de radio a Carlos Loret de Mola el secretario del Trabajo, Javier Salazar, en funciones de titular de Bucareli, y aún después de la violencia de-satada agregó que "si no entregan las instalaciones la ley se tiene que aplicar". En 1968, en 1971, en los años de la guerra sucia, ¿el Estado hizo su trabajo? ¿No será que la represión se dio porque el Estado no lo hizo?
Si a esta suerte de numeralia de la semana sumamos las inquietantes declaraciones del titular de la Procuraduría General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, de que se está investigando la probable participación de las fuerzas del narcotráfico en las campañas presidenciales, no podemos menos que señalar que el verdadero peligro está lejos de representarse en el candidato López Obrador como pretende colocar el panismo en el ánimo ciudadano en alianza con el PRI, pues más allá del riesgo que el país vive ante las evidencias cotidianas de la precariedad del "cambio" que el foxismo representó, ahora tenemos signos de que los sectores duros del neopanismo no están dispuestos a permitir el juego limpio democrático.
Ahí quedan algunos eslabones de una cadena que lleva ese sentido, la ley de radio y televisión incluida. Los demonios andan sueltos sin duda, y parece muy lejos el trecho que falta para alcanzar el 2 de julio, donde la verdadera encuesta nos dirá qué tanto estas estrategias lograron avanzar en la profundización del escepticismo de la ciudadanía o qué tanto prevaleció el dicho de Wallernstein, quien afirma que votar es también una estrategia defensiva en el largo camino porque el país viva un verdadero cambio.