Una ley contra la cultura
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Protesta de grupos artísticos del INBA contra la ley Bermúdez, hace unos días, afuera de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro FOTOAlfredoDomínguez
El día de hoy, martes 25 de abril, se pretende perpetrar desde el Poder Legislativo uno de los más graves embates contra la cultura en México, contra el patrimonio cultural de la nación y contra los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), instituciones federales de larga y reconocida trayectoria en los ámbitos nacional e internacional, que han sido pilares en la investigación, conservación y difusión especializada de estas materias.
Se trata de la anunciada aprobación, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, del proyecto de dictamen de Ley de Coordinación del Desarrollo Cultural, elaborado por los legisladores panistas y algunos priístas.
Tal proyecto legislativo es esencialmente igual a sus antecesores: el anteproyecto de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, la iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura y el proyecto de Dictamen de Ley de Desarrollo Cultural. Los dos primeros elaborados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y el último por diputados de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
Todos han sido rechazados por gran parte de la comunidad cultural, debido a que su objetivo real e implícito no es fomentar, difundir o desarrollar la cultura, sino conceder al CNCA -en especial a su presidente- todo el poder de decisión sobre las actividades culturales realizadas por la administración pública federal, lo cual incluye controlar y asumir las funciones sustantivas del INAH y del INBA, impulsar la privatización del patrimonio cultural de la nación y apoyar discrecionalmente a las empresas que tengan alguna relación con la cultura, entre otros asuntos capitales.
El anteproyecto de Ley de Difusión de la Cultura carece de fundamentos académicos, jurídicos y administrativos, así como de consecuencia lógica, como fue demostrado en diversos trabajos realizados por especialistas. Las mismas características comparten la iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura (también denominada ley Bermúdez por la comunidad cultural) y la propuesta de Ley de Desarrollo Cultural. En tales aspectos, no es una excepción la actual iniciativa de Ley de Coordinación para el Desarrollo Cultural.
La propuesta de ley realizada por el CNCA ha sido cambiada de nombre, pero no de contenido. Manteniendo el objetivo implícito antes señalado, primero se le renombró de ''desarrollo cultural" y, para que coincidiera con el articulado, básicamente se sustituyó el término ''cultura" por el de ''desarrollo cultural". Además se ocultaron algunas de las evidentes atribuciones plenipotenciarias del titular del CNCA, trasladándolas al reglamento de la ley.
A la más reciente versión de la ley Bermúdez se le incorporó en su título el término ''coordinación" para el desarrollo cultural. Contrariamente a lo que disponen otras leyes, como la de Coordinación Fiscal, la de Coordinación de la Educación Superior y la Ley General que Establece las Bases para la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta propuesta legislativa no establece la distribución de atribuciones que corresponden a los gobiernos federal, estatales y municipales; tampoco las formas y mecanismos de coordinación entre ellos, y menos aún determina las reglas de colaboración administrativa. Por tal razón, no se trata de una ley de coordinación.
Por otro lado, el desarrollo cultural no es materia de legislación, puesto que la Constitución no lo establece como una de las facultades del Congreso de la Unión; asignarle esa competencia requiere una reforma constitucional. Sumado al problema de la carencia de base jurídica, está que el contenido de la propuesta de ley no aborda realmente el desarrollo cultural. Es evidente que el proyecto de Ley de Coordinación para el Desarrollo Cultural no es de coordinación ni de desarrollo cultural, pero se trata de imponer por la vía rápida y en contra de gran parte de la comunidad cultural.
Otra de las características de este proyecto de ley es que carece de una concepción integral de las responsabilidades del Estado nacional en el ámbito cultural. Ignora que el Ejecutivo federal tiene dos grandes funciones: investigar y proteger el patrimonio cultural de interés nacional (que es exclusiva del gobierno federal), y la de alentar y difundir nuestra cultura (que comparte con los otros niveles de gobierno, con las universidades y con la sociedad civil). Al confundirlas y dar prioridad a la difusión, subsume obligaciones exclusivamente federales en una responsabilidad que el gobierno federal debe compartir con los otros niveles de gobierno.
Este grave error lo conduce a otro mayor: otorgar al CNCA el carácter de órgano rector de la política cultural, siendo sólo una institución encargada de fomentar y difundir la cultura. En esta cadena de yerros se enlaza el omnipresente intento de que el CNCA invada las competencias específicas del INAH y del INBA y se convierta en el superior jerárquico de estas instituciones especializadas en la investigación científica, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y artístico, a través de controlar su presupuesto, programar sus actividades, evaluar su desempeño y proponer el nombramiento y remoción de sus titulares.
El centralismo que se pretende imponer es claro. Al dar al CNCA la función de formular, conducir, coordinar y evaluar la política cultural del gobierno federal, el proyecto de ley confiere a un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública, sin personalidad jurídica propia, el nivel de la Secretaría de la Función Pública y le otorga funciones exclusivas del secretario de Educación.
La precisión del centralismo puede verse en lo siguiente. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes carece de consejo, es decir, de un órgano colegiado que tome las decisiones. Todo el poder decisorio lo tiene una sola persona: su titular. Se trata, entonces, de un consejo unipersonal. La nueva versión de la ley Bermúdez ratifica esta situación.
El multimencionado proyecto legislativo es una propuesta coyuntural que obedece a intereses políticos del momento. Con él, un sector de legisladores pretende respaldar la propuesta originada en el CNCA que satisface las pretensiones de la titular de ese consejo y los intereses económicos que tratan de usufructuar o privatizar el patrimonio cultural de la nación. Su aceptación pondría en grave riesgo a la cultura en México.
Además, la aprobación de la propuesta de Ley de Coordinación para el Desarrollo Cultural constituiría un atentado a la dignidad del Poder Legislativo. Quedaría en evidencia que cedió a las probadas presiones que sobre él ejercen la Presidencia de la República y la titular del CNCA, y que claudicó en ejercer el principio constitucional y político de la división de poderes.