Intimidada, la justicia boliviana, acusa la oposición
Envía Evo Morales al Congreso proyecto de ley anticorrupción
La Paz, 26 de abril. Para combatir la "corrupción institucionalizada" y el saqueo de las riquezas del país que han perpetrado las elites gobernantes a lo largo de su historia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó al Congreso de su país el proyecto de Ley Anticorrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santacruz.
Morales dio a conocer también la creación, por decreto, de un Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, el Enriquecimiento Ilícito y la Investigación de Fortunas, que estará integrado por representantes de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, el Colegio Nacional de Abogados y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa.
En otro orden, el diputado Jorge Messmer, del opositor partido Poder Democrático Social, informó que los legisladores de esta formación defenderán a Jorge Quiroga, ex presidente de la república y líder de su partido, de las acusaciones de delitos contra el Estado y otros cargos por la firma de contratos petroleros durante su gestión.
"Estamos persuadidos de que éste es un tema político, y no tendrán los dos tercios" que se requieren en el Congreso para un juicio político porque "estamos claramente ante la judicialización de la política", aseguró Messmer, y aseveró que los métodos de intimidación del gobierno han dado resultados en la Suprema Corte de Justicia.
El proyecto de ley anticorrupción, que lleva el nombre de un destacado dirigente político socialista, asesinado en 1980 durante el golpe de Estado del dictador Luis García Meza, establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la economía del Estado, que la declaratoria de rebeldía del imputado en este tipo de delitos no suspenda la acción penal en su contra y que la pena impuesta en juicio por este tipo de delitos no prescriba ni proceda la suspensión condicional de la misma.
Se crean nuevos tipos penales como los de enriquecimiento ilícito, cohecho trasnacional y legitimación de ganancias ilícitas, además de que se establece que las declaraciones juradas que fueran alteradas, falsas o incompletas constituirán el delito de falsedad ideológica y falso testimonio, sancionado por ley.