Beneficiará a consumidores, afirma Pérez Mota
Celebra la CFC aprobación de la Ley Federal de Competencia
La aprobación unánime por el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) fue celebrada por la Comisión Federal de Competencia (CFC), a cargo de Eduardo Pérez Mota, al considerar que los consumidores serán los principales beneficiados pues el organismo contará con mayores facultades para prevenir e investigar prácticas anticompetitivas.
Las reformas a la LFCE, aprobadas primero por la Cámara de Diputados el 25 de abril y dos días después por el Senado de la República, "dotan a nuestro país de una política de competencia más sólida y permiten cumplir con mayor efectividad el mandato del artículo 28 constitucional", referido a la prohibición sobre la existencia de monopolios y prácticas monopólicas, señaló en un comunicado la CFC.
"El objetivo central de la política de competencia es colocar al consumidor en el centro del proceso económico para materializar los beneficios que entraña la economía de mercado, cuando funciona debidamente", destacó la CFC.
El organismo también elogió que las reformas mencionadas tuvieron "el apoyo decidido de todos los partidos políticos del Congreso de la Unión" y consideró que su aprobación unánime confirma que "en nuestro país la competencia económica es una política de Estado, más allá de diferencias ideológicas o partidistas".
Según explicaron en su momento los legisladores, las nuevas disposiciones servirán para poner candados a los grandes monopolios y evitar que progresivamente eliminen a empresas más chicas para quedarse con un mercado, imponiendo con ello sus condiciones y perjudicando a los consumidores.
Cabe recordar que en días recientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hubo un intenso pero infructuoso cabildeo de directivos del Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, para pedir modificaciones a lo que consideraban deficiencias y excesos de la legislación, sobre todo en lo que se refiere a las sanciones contenidas en los artículos 35 y 37 de la ley, pues alcanzan hasta 10 por ciento de las ventas anuales e incluyen la posibilidad de obligar a las empresas a la venta de activos.
Con las reformas aprobadas, la CFE podrá dividir una empresa, sea del sector telecomunicaciones, de medios de información o financiera, que cometa prácticas anticompetitivas, en caso de que no acate ordenamientos previos. Además podrá imponer multas hasta por el equivalente a 30 mil 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por entregar información falsa a la comisión, independientemente de la responsabilidad penal en que se incurra y si una empresa cae en una práctica monopólica absoluta podrá ser sancionada por el equivalente a un millón 500 mil veces el salario mínimo general vigente en la ciudad de México.
La legislación sanciona prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Entre éstas están la depredación, descuentos por exclusividad, subsidios cruzados, discriminación en precios o condiciones de venta e incremento en costos.