Malestar en Europa por la medida, dice Javier Solana
El decreto, fuera de toda norma y lógica empresarial: Repsol YPF
Madrid, 2 de mayo. El gobierno español convocó hoy al encargado de negocios de Bolivia en Madrid, Alvaro del Pozo, para expresarle su "más profunda preocupación por la medida que tomó el presidente de su país, Evo Morales, de nacionalizar el gas y el petróleo, y de las consecuencias para las relaciones bilaterales".
La empresa española Repsol YPF, la segunda más afectada por la medida, que abrió esta mañana con leve caída de 3 por ciento en la bolsa de valores española, pero se recuperó durante el día para terminar con una baja de apenas 0.63 por ciento (a 23.53 euros la acción), expresó su "preocupación" por el decreto presidencial boliviano.
Tras las advertencias, el Ejecutivo español, mediante el director general para Iberoamérica, Javier Sandomingo, instó al gobierno de Morales a iniciar una negociación para que "por medio del diálogo" se alcance "una solución satisfactoria para las partes".
El diplomático boliviano se limitó a decir a su salida de la reunión con Sandomingo que el gobierno de su país "ya evalúa la reacción oficial española y esperamos contactos al más alto nivel entre ambos países".
La vicepresidenta primera de gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el objetivo de la actuación del gobierno español es "porque se preocupa y se ocupa, de los trabajadores y los intereses de las empresas españolas en el extranjero", durante una reunión urgente con los ministros de Industria y Asuntos Exteriores, José Montilla y Miguel Angel Moratinos, respetivamente.
La vicepresidenta anunció una reunión de urgencia en los próximos días con las empresas españolas afectadas por la medida, en la que analizarán una estrategia común para defender los intereses afectados por la medida del gobierno boliviano.
Previamente, el ministro de Industria, José Montilla, insistió en que la medida "no es una buena noticia, ya que nos preocupa el impacto que pueda tener en las empresas españolas", si bien recordó que la decisión no fue una sorpresa, pues "repetidamente el presidente de Bolivia había anunciado una medida en este sentido".
Repsol, que a través de su filial andina tiene el control de casi la tercera parte del gas y la explotación de los yacimientos de Bolivia, con lo que es la segunda empresa extranjera más afectada por la medida, anunció que "arbitrará todas las acciones a su alcance para proteger los activos y preservar el empleo de su trabajadores en Bolivia".
Para el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, la nacionalización "está fuera de la norma y lógica empresarial que debe guiar las relaciones entre empresas y estados", aunque dijo que todavía hay tiempo y "espero que en esos 180 días -concedidos por Morales para renegociar sus contratos- seamos capaces de ponerle talento e inteligencia todos, unos y otros".
Añadió que los servicios jurídicos de Repsol analizan las implicaciones, referidas a la seguridad jurídica, las garantías de inversión y la continuación de las actividades, antes de tomar una decisión.
El derechista Partido Popular (PP) insistió en que la decisión boliviana "es muy mala para España, para los accionistas de Repsol y la propia Bolivia, dado que genera inseguridad jurídica, mientras Izquierda Unida (IU) expresó su "respaldo a la legitimidad de Bolivia para nacionalizar la producción de hidrocarburos".
El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, expresó su "gran intranquilidad" y "malestar" en el seno de Europa por las formas y el fondo de la decisión.
Consulte el decreto con el que el presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó los hidrocarburos