Reunión del Procede termina en zacapela entre policías y ejidatarios que exigen tierras

Fox aún no resuelve problemas de tierras en su propio rancho

Amenaza delegado de la SRA a regidor perredista: ''O te calmas o voy y te parto tu madre''

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Rancho San Cristobal, Gto., 2 de mayo. Ejidatarios de Rancho San Cristóbal, municipio de San Francisco del Rincón, se enfrentaron a golpes con las fuerzas de seguridad pública del estado que resguardaban un pequeño salón propiedad del ejido, donde se efectuó una reunión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).

Los comuneros piden la devolución de 900 hectáreas y de la presa San Cristóbal, que posee la familia Fox Quesada en desacato de una resolución presidencial de 1937.

Alrededor del mediodía, 51 campesinos intentaron ingresar a la asamblea para pedir a las autoridades agrarias no avalar ''el despojo que nos hizo la familia Fox en perjuicio de los campesinos. Ellos ya se hicieron ricos con la tierra mientras nuestros muchachos, a falta de una parcela para que la trabajen, son peones en la empacadora (Don José, propiedad de la familia del Presidente) o se tienen que ir a Estados Unidos a trabajar como ilegales'', según dijo el regidor perredista José Cruz Pacheco, quien encabezaba la protesta.

Como les impidieron integrarse a la asamblea, el edil pidió a los inconformes presenciar la entrega de las tierras del ejido, que por cierto, ante las autoridades de San Francisco del Rincón es un asentamiento irregular.

Cruz Pacheco, quien fue comisario ejidal en San Cristóbal, acusó al gobernador Juan Carlos Romero Hicks de intervenir en un asunto que sólo compete a la comunidad y a las autoridades agrarias, al permitir ''la provocación de los granaderos. Como en 1972, nos sacaron a golpes cuando le gritamos en la cara al señor (José Luis) Fox, padre de Vicente Fox, que nos había despojado de nuestras tierras''.

Tras la trifulca, los comuneros pidieron al delegado de la Procuraduría Agraria, Juan Antonio de León Torres (ex diputado local panista), que ofreciera garantías para no legitimar la entrega de las 900 hectáreas (que ocupan una parte de la congeladora Don José, zonas de cultivo de brócoli y otras hortalizas, así como de un invernadero de cultivos experimentales) y la devolución de la presa San Cristóbal, ''que hoy sólo sirve de adorno para la casa grande'', como llaman a la finca de descanso del presidente Fox.

León Torres respondió que las peticiones de los campesinos eran improcedentes debido a que ''ya se dio un fallo sobre el tema y lo que se pide no es posible, aunque también es un asunto que no está finiquitado, y si quieren pueden ir ante el Tribunal Agrario para poner su inconformidad''.

Los ejidatarios insistieron en ingresar, pero los granaderos los echaron a empellones y les prohibieron la entrada a una asamblea que, según Cruz Pacheco, fue ilegal, ya que apenas reunió a 60 de los 215 ejidatarios, ''y para dar legalidad se requiere la presencia de 75 por ciento; aquí estamos 51 y no nos dejaron pasar''.

Luego de la gresca, Fausto Espejel, delegado de la Reforma Agraria, llamó por radio al regidor Cruz Pacheco para decirle: ''O te calmas y calmas a tu gente o voy yo y te parto tu madre''. Como varios reporteros escucharon la conversación, el funcionario invitó entonces al regidor a ''entablar una mesa de diálogo para poner fin al conflicto''.

Los comuneros dijeron que desde 1937 la familia Fox se ha negado a entregar las tierras en beneficio del ejido; mostraron un documento fechado el 28 de diciembre de 1940, donde José L. Fox Pont Jr. (padre del presidente Vicente Fox) acudió a la embajada de Estados Unidos en México para evitar que los campesinos se beneficiaran de la dotación de tierras a la cual obligaba el decreto del presidente Lázaro Cárdenas.

Firmado por el ''administrador general'' Francisco Alvarez Jr., el documento argumenta por qué Fox Pont no pagó a la tesorería del estado y transcribe los argumentos del padre del mandatario federal y de su petición de ayuda a la embajada estadunidense:

''El 29 de octubre (de 1940) los ejidatarios de San Cristóbal y El Desagüe obtuvieron una orden para que se les dieran tierras donde ellos quisieran de lo que fue la hacienda de San Cristóbal. Dado que esa orden era contra toda razón, pues los ejidos están dados en planos aprobados y de las fracciones que nos quedaron tenemos certificados, entrevistamos al c. gobernador del estado y fuimos a la embajada americana (sic) en México, gracias a lo cual logramos que dicha orden no se llevara a cabo. Estando en situación tan anormal no me conviene, como vulgarmente se dice, meter dinero bueno al malo, y ese es el motivo por el que no les he remitido las contribuciones'', dice la declaración de Fox Pont.

José Guadalupe Cruz Pacheco, expresó: ''Si desde aquella fecha (1937) la familia Fox hubiera acatado la resolución presidencial, porque no hay otra que eche abajo la que entonces hubo, todo esto no hubiera ocurrido. Ahora es la necedad de los Fox de no entregar las tierras a los ejidatarios lo que va a provocar algo difícil para nosotros y para nuestros hijos.''

Finalmente, las autoridades federales acordaron para el próximo martes una reunión para analizar los argumentos de los ejidatarios y hacer una delimitación de los predios con base en el decreto que dota a los ejidatarios de parcelas que estuvieron en posesión de José Luis Fox Pont en la hoy ex hacienda de San Cristóbal.

Con el conflicto en casa

Rancho San Cristóbal ha sido escenario de varios enfrentamientos, entre ellos el del 7 de febrero de 2004, cuando unos 2 mil integrantes de la Alianza Binacional Braceroproa allanaron la finca de la madre de Vicente Fox Quesada; el 16 de abril de ese año diputados federales del PRD intentaron protestar contra el juicio de desafuero que se seguía al entonces jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y fueron agredidos por elementos del Estado Mayor Presidencial.

A partir de entonces este cuerpo militar controla el acceso al poblado, lo que también ha provocado enfrentamientos entre sancristobalenses y los soldados que revisan los vehículos.