Quejas de Argentina y Uruguay ante La Haya

Posible, salida política a diferendo por papeleras

AFP

Buenos Aires, 6 de mayo. El gobierno argentino reabrió las puertas a una salida política o diplomática en el conflicto por la instalación de dos plantas para fabricar papel en Uruguay, a las que considera contaminantes, pese a haber presentado una demanda jurídica en la Corte Internacional de La Haya.

"Las soluciones políticas o diplomáticas hasta este momento se frustraron, lo que no significa que las puertas no estén abiertas eventualmente para encontrar una solución racional y equitativa que garantice un estudio adecuado" de impacto ambiental, dijo el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Fernández indicó que la actitud del gobierno uruguayo al habilitar la construcción de dos plantas de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, separada de la argentina Gualeguaychú (noreste) por el fronterizo río Uruguay, dejó "a los argentinos en un estado de indefensión fenomenal".

Del mismo modo se manifestó Jorge Busti, gobernador de la provincia de Entre Ríos (donde se ubica Gualeguaychú), quien expresó su aspiración de que Argentina y Uruguay "finalmente encuentren una vía diplomática" para resolver el conflicto que enfrenta a los dos gobiernos.

El presidente argentino Néstor Kirchner lideró el viernes un multitudinario acto con unas 40 mil personas en Gualeguaychú, cuyos pobladores bloquearon el paso a un puente fronterizo desde el 5 de abril hasta el 2 de mayo pasado.

Acompañado de 19 gobernadores provinciales y más de un centenar de alcaldes, Kirchner intentó darle un carácter nacional al reclamo contra las plantas elaboradoras de pasta de celulosa.

El jueves, Argentina presentó una demanda ante la Corte de La Haya en la que pide la detención de las obras de la finlandesa Botnia y la española Ence y sostiene que al permitir la instalación de las plantas, Montevideo violó el bilateral Tratado del Río Uruguay (1975).

Busti sostuvo que a pesar de la decisión argentina de denunciar a Montevideo ante el tribunal de La Haya, aún hay espacio para un "arreglo extrajudicial", al compararlo con lo que ocurre en un juicio civil.

Uruguay, de su lado, planea presentar una demanda contra Argentina también en La Haya, instancia jurídica de Naciones Unidas, a la vez que defiende la localización de las dos fábricas, que implican una inversión de mil 800 millones de dólares, la mayor en la historia de ese país sudamericano.

Además reclamó en vano la convocatoria al Consejo del Mercosur -bloque integrado por ambos países junto a Brasil y Paraguay como socios plenos- cuya presidencia pro témpore ejerce Argentina, que considera el caso un diferendo bilateral y no regional.

El gobierno de Kirchner insiste en que expertos internacionales evalúen el impacto ambiental que las industrias podrían causar a la región del río Uruguay.

El vicepresidente argentino, Daniel Scioli, dijo que las fábricas que se erigen en Fray Bentos constituyen "un emprendimiento a gran escala" y aunque apoyó la llegada de las inversiones, pidió también un estudio sobre cantaminación.

"Existen formas de hacer estos estudios y tratamientos para que no contaminen el aire ni el agua", dijo en diálogo con la porteña radio Continental