Editorial
Corrupción en la CIA
La renuncia del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Porter Goss, cayó como una bomba en la Casa Blanca. La sorpresiva dimisión del funcionario, a quien se le asignó hace un año la tarea de reconstruir la organización después de los errores de inteligencia relacionados con los ataques del 11 de septiembre de 2001, estaría vinculada a una serie de escándalos revelados recientemente, que confirman la corrupción imperante en la cúpula del poder en Estados Unidos.
La decisión tomó por sorpresa al presidente George W. Bush, quien hasta el momento no ha anunciado el nombre del nuevo relevo. Goss presentó su renuncia en momentos en que se lleva a cabo una investigación para saber si él y/o otros funcionarios del más alto nivel de la CIA, además de varios diputados federales republicanos, habrían participado en costosas fiestas, patrocinadas por contratistas, en las cuales se llevaban a cabo juegos de apuestas y se contaba con la compañía de prostitutas.
Las investigaciones de la FBI no involucran directamente a Goss, pero sí apuntan al número tres de la CIA, Kyle Foggo, quien confesó haber participado en esas fiestas, en las que los empresarios Brent Wilkes y Mitchell Wade supuestamente sobornaban a diputados y funcionarios para cerrar contratos millonarios de sus empresas, incluidos varios para otorgar apoyo a la agencia en Irak y Afganistán.
El origen de esta historia data de noviembre de 2005, cuando el diputado federal republicano Randy Cunningham fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción. El legislador confesó haber aceptado sobornos de Wade y Wilkes. De acuerdo con datos revelados por el diario The Wall Street Journal, Cunningham habría recibido 2.4 millones de dólares en sobornos. Pero, al parecer, esto es sólo el inicio de la historia, pues se espera que otros legisladores al menos seis más sean castigados con penas similares.
El caso arroja sospechas sobre influyentes políticos republicanos y aporta elementos que dan cuenta de los vínculos entre oficinas federales y criminales. Así por ejemplo, se sabe que Wilkes, pieza clave en esta trama, participó en tareas de financiamiento de las campañas electorales del gobernador de California, Arnold Schwarzenneger, y del presidente Bush, entre otros políticos republicanos. Por otra parte, se ha descubierto que Chistopher Baker, un truhán de larga experiencia, obtuvo un jugoso contrato de 21 millones de dólares de la Secretaría de Seguridad Interna.
Algunos analistas han especulado que este caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, más allá de los resultados de la investigaciones en curso sobre esos tratos ilícitos, no debe olvidarse que el gobierno de George W. Bush ha sido identificado ya, a dos años de que termine su segunda administración, como uno de los más corruptos de los 50 años recientes.
Entre las innumerables irregularidades registradas en su mandato, llama la atención la gran cantidad de investigaciones sobre corrupción, engaño, obstrucción de la justicia, entre otros asuntos, que aún se llevan a cabo, algunas vergonzosas, como las pruebas falsas presentadas ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para justificar la intervención militar en Irak y las revelaciones sobre la existencia de cárceles clandestinas en diversas partes del mundo.