Hacinamiento y deplorables condiciones sanitarias en el penal de Santiaguito
Se define hoy situación de 185 detenidos
Jaime Maldonado Salazar, juez segundo de lo penal encargado de los casos de detenidos de San Salvador Atenco presos en el penal estatal de Santiaguito, informó ayer que será este miércoles cuando determine la situación jurídica de 185 de las 190 personas que fueron consignadas por la procuraduría estatal acusadas de delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, a raíz de los hechos ocurridos en esa localidad y en Texcoco el 3 y 4 de mayo pasados.
De su lado, los abogados del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) puntualizaron que en el caso de Ignacio del Valle, dirigente del FPDT, y su compañero Felipe Cervantes, quienes fueron internados en el penal federal de Almoloya de Juárez, que igual que el estatal está ubicado en el municipio de ese nombre, no han tenido contacto con familiares. "Sólo con nosotros, que estuvimos en la audiencia del lunes por la noche."
Antes de la cinco de la tarde del miércoles, cuando vence el plazo de 72 horas desde que le fue consignado el expediente radicado con la causa penal 96/06, el juez determinará cuántos de los 185 indiciados son sujetos a proceso penal por los delitos que la procuraduría les imputó, y cuántos quedan en libertad por falta de elementos.
De las cinco personas que restan, dos (Julio César Espinosa y Edgar Morales Reyes) son menores de edad y serán remitidos al Consejo Tutelar de Menores, mientras los otros tres, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera y Anastasio y Miguel Arias Peralta, solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que sus casos se determinarán hasta el sábado. En ese periodo, la defensa podrá aportar pruebas de descargo en favor de los tres.
Debido a las diferentes cifras que manejaron las autoridades, el juez confirmó que fueron 190 personas las personas consignadas, como informó el lunes el secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, ya que en el pliego consignatorio aparecían dos nombres casi idénticos, que fueron tomados como si se tratara de una sola persona, pero en realidad se trata de dos individuos: Román Alán Ordóñez Romero y Román Adán Ordóñez Romero.
Ayer, el juez segundo terminó de tomar declaraciones preparatorias a los 190 acusados de delincuencia organizada, secuestro y ataques a las vías de comunicación. Del total, 111 rindieron testimonio ante juez y 79 prefirieron reservarse su derecho constitucional a no declarar.
De los 190 consignadas, 43 son mujeres, 91 están acusados de dos delitos, mientras a 99 se les imputaron delincuencia organizada, secuestro y ataque a las vías de comunicación.
La mayor parte de los acusados fue asistida por el abogado de oficio adscrito al juzgado, ante la imposibilidad de contar con un abogado particular.
Horas antes, Bárbara Zamora, abogada del FPDT, denunció que el mismo juez Maldonado Salazar "ha estado maniobrando con las fechas y no sabemos exactamente a qué horas vencería el plazo, porque no sabemos la hora exacta en que pusieron a disposición del juez a los detenidos".
La jurista indicó que estas situaciones anómalas se presentaron desde el miércoles y jueves pasados, cuando se inició el traslado de los aprehendidos: "Hemos tenido obstáculos, impedimentos para comunicarnos, para verlos y para hacer nuestro trabajo de defensa".
Quince presos en celdas para cuatro
En este contexto, los abogados defensores de los atenquenses dieron a conocer un texto de los encarcelados en Santiaguito, en el cual revelan las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que se encuentran desde su llegada a este centro preventivo.
En el documento, los detenidos exigen a las autoridades penitenciarias mejorar sus condiciones de reclusión, pero sobre todo piden tener acceso a servicios médicos, ya que muchos presentan lesiones que no han sido atendidas debidamente.
Además, demandan servicio de agua potable para los baños de las celdas, poder hacer llamadas a sus familiares y bien tener derecho a visitas.
De acuerdo con los relatos de los abogados, las personas recluidas en Santiaguito fueron ubicadas en grupos de 15 por celda, cuando éstas están diseñadas para albergar a cuatro. En ellas no hay condiciones de salubridad, ya que los baños carecen de agua.
Esta situación ha hecho imposible que los encarcelados puedan bañarse o lavar las ropas que portan desde su detención. Los detenidos también denuncian que les tienen prohibido salir de su celda, por lo que demandan tener posibilidad de caminar unos minutos en el patio o los pasillos.
El abogado Juan de Dios Hernández, defensor de un grupo de encarcelados, indicó que ya preparan una denuncia penal contra los cuerpos policiacos por los abusos que cometieron durante los operativos en Atenco y Texcoco, pero sobre todo durante el traslado de los aprehendidos a Toluca.
De acuerdo con el litigante, más de 80 por ciento de los detenidos presentan signos de "la brutalidad" con la que actuó la policía estatal, ya que la mayor parte de sus lesiones son de segundo grado, es decir, que tardan más de 15 días en sanar.
"Estamos hablando de delitos de lesa humanidad que no podemos tolerar, sobre todo de los abusos cometidos contra las mujeres detenidas", dijo.
El defensor reveló que ha recibido testimonios de abusos sexuales de los cuales fueron víctimas las mujeres durante el traslado de Atenco al penal de Santiaguito. "Muchas se han quejado de que las violaron con diversos objetos y con la mano. Otras fueron obligadas a tener sexo oral con los uniformados, les fueron arrancadas su ropas a jirones y para pasarles mano por doquier."
Incomunicados en La Palma
Por otra parte, Bárbara Zamora señaló que los abogados defensores estuvieron presentes ayer en el penal de La Palma en las declaraciones preparatorias de Ignacio del Valle y de Felipe Cervantes.
"De las 18:30 a las 22:30 horas estuvimos con ellos y observamos que están como todos los demás detenidos: con lesiones visibles por los golpes que recibieron de policías en la cara, cabeza y el cuerpo.
"Le pedimos al juez -que junto con sus secretarios y ayudantes realizó la diligencia en La Palma- que certificara las lesiones que se advertían a simple vista".
Zamora refirió que durante la audiencia de cuatro horas platicó con los dos detenidos, "quienes me preguntaban cómo estaba la situación afuera y no sabían de la muerte del menor de 14 años por herida de bala. Manifestaron también estar preocupados por todos los detenidos, de los que dijeron no saber dónde se encontraban ni en qué numero. Tampoco si las decenas de personas recluidas estaban o no en Almoloya. Realmente no tenían ninguna información".
Tanto a Del Valle como a Cervantes se les acusa de secuestro equiparado y delincuencia organizada por haber retenido a funcionarios el 8 de febrero y 6 de abril pasados.
Sobre estas mismas causas ayer se confirmó que fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Héctor Galindo, integrante del FPDT. Esta persona fue detenida en los operativos policiacos del jueves, pero al dar un nombre falso ante las autoridades, éstas no lo reconocieron hasta ahora.
En tanto, los tres floricultores que fueron acusados en la causa penal 95/06 por portación de arma prohibida (machete), lesiones y ultraje en agravio de policías municipales de Texcoco, también se les definirá su situación jurídica y el juez primero penal de Toluca determinará si les dicta el auto de formal prisión o el auto de libertad por falta de elementos.