La procuraduría, sin pretextos para no empezar la averiguación previa, sostienen
Diputados: la PGR debe investigar si Fox se coludió para beneficiar a los Bribiesca
La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga a los hijos de Marta Sahagún amplió ayer su demanda penal contra los Bribiesca Sahagún, al presentar documentos que, aseguraron los legisladores, no dan pretexto a la Procuraduría General de la República (PGR) para retrasar el inicio de la averiguación previa sobre la trama de sus relaciones con el gobierno federal, que podrían derivar en la probable comisión de delincuencia organizada.
Porque es posible, explicó el presidente de la comisión, Jesús González Schmal, que para beneficiar a los Bribiesca se armara "una conspiración, el acuerdo previo de un grupo amplio de sujetos activos del delito", que podrían haber actuado por instrucciones del presidente Vicente Fox para beneficiar primero a los hijos de su esposa y después "encubrirlos".
Hasta el momento, expuso, ha sido evidente que el Ejecutivo no sólo ha protegido sino justificado a los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, pero agregó que será responsabilidad del Ministerio Público Federal determinar si puede acreditarse "esa relación y el conocimiento previo" de Fox.
Además, dijo, Marta Sahagún ha hecho declaraciones en las que "dice cómo enseñó a sus hijos a ser listos y aprovechados para que tengan beneficios. Entonces hay una inclinación, pero es el Ministerio Público el que deberá ahondar en el tema".
De entrada, los diputados señalaron que se puede derivar probable complicidad del secretario ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Mario Beauregard, quien ocultó las operaciones de los Bribiesca mediante Construcciones Prácticas y Kilate para hacerse de un conjunto habitacional en Puebla, un predio en Guanajuato y créditos hipotecarios para remodelación de casas.
En la ampliación de la demanda, que presentó el equipo jurídico de la comisión ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la PGR, se demanda citar a comparecer a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, así como a sus socios Miguel Khoury Siman y Munir Khoury Jorge.
También se solicita al Ministerio Público que pida a la Auditoría Superior de la Federación copias de dos cheques que por 4 millones 410 mil pesos y un millón 869 mil 900 pesos giraron Alberto Dunand Aramburu -otro de los socios de los Bribiesca en el Grupo Inmobiliario Kilate- y Jorge Bribiesca, respectivamente, para garantizar la compra de la cartera de 275 departamentos en San Francisco Totimehuacán, Puebla.
Entre las pruebas que se entregaron están las actas de la subasta pública del predio rústico denominado Los Pirules, antes conocido como El Chilar y El Calvario, en Celaya, Guanajuato, que se asignó a los Bribiesca Sahagún el primero de abril de 2004 -fecha del concurso-, pero del que tenían posesión desde el 3 de junio de 2003.
El documento entregado a la Procuraduría General de la República afirma: "conforme a lo anterior, queda demostrado que la empresa Construcciones Prácticas dispuso del predio rústico previo a su adquisición al IPAB, por lo que les era indispensable que le fuera adjudicado, ya que se habían iniciado los trabajos de urbanización para la construcción de casas de interés social".
También se entregaron copias de las escrituras públicas ante el notario público 98 de León, Guanajuato, Juan Manuel Toriello Arce, quien dio fe de tres contratos de apertura de rédito entre la Sociedad Financiera de Objeto Limitado Operaciones Hipotecarias de México con el Grupo Inmobiliario Kilate -del que los Bribiesca habían vendido sus acciones, pero se presentaron en las operaciones como avales y obligados solidarios- y a Construcciones Prácticas por 33 millones 793 mil 684 pesos, 6 millones 875 mil 763 pesos y 13 millones 605 mil 235 pesos.
Con esas operaciones, expusieron los diputados, "se acreditan conductas simuladas tendientes a la obtención de recursos federales por personas diversas a los titulares de los contratos, lo que puede constituir delitos de los funcionarios y de particulares que gestionaron su entrega" a las dos empresas.
Asimismo, ayer la Comisión de Vigilancia solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que amplíe la investigación de los negocios de los Bribiesca con dependencias federales, entre ellas Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Comunicaciones.