Emplaza al Ejecutivo a que responda a la demanda; cuenta con 15 días hábiles
La Corte da entrada a la controversia de los senadores contra la ley Televisa
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Guillermo Ortiz y José de Jesús Gudiño durante una sesión de la Corte
Foto: Guillermo Sologuren
La Suprema Corte admitió ayer la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores en contra de diversas reformas a la llamada ley Televisa. En ausencia del ministro Sergio Salvador Aguirre, quien será el encargado de elaborar el proyecto de dictamen, Genaro Góngora Pimentel admitió la demanda y emplazó a las mesas directivas de las cámaras de Diputados y de Senadores, así como al Ejecutivo federal, para que den respuesta a la queja en la que se argumenta que la citada legislación violó al menos 21 preceptos constitucionales.
En el dictamen de admisión, Góngora Pimentel precisó que la acción de inconstitucionalidad versa sobre la legalidad de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Señala también que si bien la demanda la interpusieron 48 senadores, lo cierto es que en el caso de Carlos Manuel Villalobos, éste "no firmó el oficio de cuenta", por lo que no se le toma en cuenta en este asunto.
Por otra parte, las partes emplazadas cuentan con 15 días hábiles para responder la demanda.
El resolutivo emitido por el ministro, quien en la etapa inicial desahogará las primeras diligencias mientras duren las vacaciones de Aguirre Anguiano, se reconoce también el carácter de representantes comunes de los quejosos al priísta Manuel Bartlett y al panista Javier Corral, "quienes podrán actuar en forma conjunta o separada".
Cabe señalar que la acción de inconstitucionalidad plantea la ilegalidad de la reforma desde el momento mismo del procedimiento legislativo, que es calificado como "viciado", porque la minuta de proyecto de decreto aprobada por la Cámara de Diputados "fue arbitraria e ilegalmente alterada", al haberse modificado el texto de dos artículos contenidos en la misma sin efectuar el procedimiento parlamentario correspondiente.
La demanda pone también especial énfasis en que la citada ley vulnera el principio de la división de poderes en lo que respecta al nombramiento y remoción de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por privar al Estado de su potestad soberana de decisión sobre el otorgamiento de concesiones, y se "despoja" al Estado de la rectoría en la materia, además de violar flagramente la disposición constitucional antimonopolios al dejar en manos de Televisa y Televisión Azteca el control de la televisión abierta, entre otras disposiciones consideradas inconstitucionales.
Cabe señalar que los senadores quejosos no solicitaron la suspensión para que no se aplicara la ley, hasta que la Corte emitiera una sentencia definitiva, en razón de que el artículo 105 constitucional prevé que no se otorguen suspensiones cuando se impugne una ley o norma general.