Mineros, una solución en puerta
El tiempo sigue pasando y los cuerpos de los 65 mineros en Pasta de Conchos continúan bajo tierra, sus familiares acuden de un lugar a otro sin recibir indemnización, no se han fincado responsabilidades, y están ausentes las medidas que eviten catástrofes similares.
El conflicto en el sindicato minero subsiste y se agrava. Nada se dice sobre la responsabilidad de los homicidios de dos trabajadores con motivo de la represión policiaca en Lázaro Cárdenas. Hace un par de días, otro minero murió en Pasta de Conchos. La lista de daños es interminable e inexplicable. Mientras tanto, la juez cuarta de distrito en materia de trabajo difiere por tercera ocasión la audiencia relacionada con el amparo solicitado por el sindicato minero, por su lado, el gobierno, buscando salvar lo que queda de su prestigio, se empecina en cazar a Napoleón Gómez Urrutia para obligarlo a renunciar; ahora parece decidido a inventarle el delito de lavado de dinero, aunque esto nada tenga que ver con el conflicto laboral de origen ni con los 55 millones de dólares tan mencionados.
Casi han pasado tres meses del inicio del conflicto promovido por la línea dura del foxismo, que ha ido exhibiendo las contradicciones e iniquidades en el sector de la minería: su tortuoso proceso de privatización y especulación en metales, que han producido gigantescas utilidades beneficiando particularmente a Minera México y Villacero, una red de complicidades en la que participan ex funcionarios, hoy accionistas y un modelo laboral caracterizado por salarios ínfimos, contratación irregular de trabajadores y baja inversión en medidas de seguridad; una muestra del México de hoy. El daño más reciente se vive en la Minera San Martín, de Zacatecas, donde se intenta chantajear al gobierno de ese estado para que se involucre en un conflicto en el que no tiene responsabilidad alguna.
Conforme a sus estatutos, el sindicato minero realizó durante estos tres meses un consejo nacional con la presencia mayoritaria de sus secciones, ratificando la dirección nacional desconocida por la autoridad, y el pasado 2 de mayo la 34 convención nacional confirmó esta decisión.
El conflicto minero ha tenido importante repercusión internacional, cuatro de las organizaciones sindicales más grandes de Estados Unidos y Canadá se pronunciaron por primera vez públicamente, condenando la violación a la autonomía sindical (Reforma 4/05/2006). También se ocupó del tema el periódico más importante de Estados Unidos, el New York Times, según consta en el reportaje que en una plana suscribe la destacada periodista Ginger Thompson, el pasado 6 de mayo.
Voces destacadas del país exigen una solución al conflicto que reconozca y respete la voluntad de los mineros expresada en su valiente resistencia, han sostenido que lo procedente sería consultarlos y no seguir especulando en su nombre. Un recuento sería la vía apropiada para solucionar este conflicto, así lo ha expresado claramente José Woldenberg (Reforma 4/05/2006). Tiene razón, en muy poco tiempo se podría desahogar esta consulta permitiendo que los trabajadores mineros con voto directo y secreto definieran si están con Napoleón Gómez Urrutia o con Elías Morales.
Salvo que se trate de una maniobra más, parece que el gobierno empieza a entender la necesidad de resolver este conflicto por la vía de la consulta a los trabajadores agraviados. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar, el pasado jueves 11 así lo reconoció: "lo que propongo es una salida realmente democrática a este conflicto. Que se organice una elección entre los mineros, con un padrón confiable..." (Reforma 12/05/2006). Plantea dicho funcionario que la elección se realice con voto universal y secreto, y que la consulta puede ser organizada por una institución confiable en el país. Una actitud correcta de la autoridad sería reconocer los resolutivos de la 34 convención nacional, sin embargo es, poco probable esta opción, y hoy es urgente sacar al conflicto del callejón sin salida en que se encuentra. Por esta razón conviene retomar la propuesta del secretario del Trabajo, por la simple razón de que los dueños de un sindicato son sus trabajadores y a ellos corresponde decidir el futuro de su gremio. Existen varias instituciones o personalidades confiables, que podrían participar en esta consulta por su experiencia e interés en el asunto, como serían: Alianza Cívica, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o quizá un grupo de ciudadanos destacados en nuestra vida democrática, como: Miguel Ángel Granados Chapa, Lorenzo Meyer, Luis Hernández Navarro y José Woldenberg. Para garantizar la libertad del voto y el padrón confiable, podrían utilizarse -como lo sugiere el secretario del Trabajo- las listas de inscripción al Seguro Social y un lugar neutral en cada una de las localidades, con todo esto se podría arribar a una solución en el corto plazo.
Es comprensible que exista mucha desconfianza frente a la autoridad, en razón de su conducta por los actos del 17 de febrero pasado, cuando ejecutó la orden presidencial de destituir a toda la directiva del sindicato minero, sin embargo, es fundamental pensar en soluciones que eviten un desgaste mayor, en el que los trabajadores llevan la peor parte. Sería un error descalificar u obstaculizar esta propuesta sólo porque viene de la autoridad laboral, finalmente, la Secretaría del Trabajo tiene facultades legales para convocar a un recuento cuando existan dudas sobre la representatividad en una diferencia intergremial. Convendría concretar la propuesta de inmediato, así este conflicto tan lamentable culminaría de la mejor manera posible.