Actuales litigantes exitosos, diplomáticos y académicos obtienen hasta $263 mil mensuales

Pocos meses de ministro bastan para tener una millonaria pensión

Suman 37 y cuentan con pago de chofer, ayudantes, gastos médicos mayores y $30 mil para gastos

Díaz Infante, quien estaba sujeto a proceso penal, hasta el fin de su vida recibió su jubilación

JESUS ARANDA

No importa que hayan sido ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por unos cuantos meses, tampoco que hayan reanudado sus actividades de litigantes y sean muy exitosos o que ocupen puestos diplomáticos y académicos. Los 37 ministros jubilados reciben una pensión bruta que va de 188 mil 513 pesos hasta un máximo de 263 mil 831 pesos mensuales.

Ante la discrecionalidad en el manejo de esta información, el Comité de Transparencia del máximo tribunal ha clasificado los nombres de los ministros jubilados como asunto ''confidencial''. Funcionarios de primer nivel consultados confirmaron que ''todos'' los ex integrantes del pleno en situación de retiro reciben su jubilación, además de otras prestaciones como pago de chofer, ayudantes, seguro de gastos médicos mayores y una cantidad que supera 30 mil pesos mensuales para ''gastos personales y de representación''.

Cunde el ejemplo

Por su parte, los consejeros de la Judicatura Federal han seguido -en lo que han podido- los pasos de los ministros. En una total falta de transparencia aprobaron en pleno asignarse recientemente un ''bono de marcha'' de casi 8 millones de pesos por sus cinco años de trabajo, en los que tuvieron sueldos superiores a 400 mil pesos mensuales brutos -similares al de los integrantes de la Suprema Corte-, gozaron de gastos personales, chofer y seguro de gastos médicos, además de la posibilidad de integrar un fondo de retiro con 10 por ciento de su salario y la misma cantidad aportada de las arcas federales durante los años que estuvieron en el Consejo.

Trascendió que consejeros buscan ir ''más allá'' e impulsan la obtención de una jubilación igual a la de los ministros porque, como dijo en su momento el ex consejero y actual ministro Sergio Valls, ''la prohibición constitucional de que al dejar el cargo los consejeros no puedan litigar durante dos años, les cierra prácticamente la puerta para ganarse la vida'''.

De acuerdo con la información obtenida, personajes como el ex secretario de Gobernación, ex procurador general de la República y ex rector de la UNAM Jorge Carpizo McGregor; el ex senador y litigante Salvado Rocha Díaz; el titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Diego Valadés; el ex fiscal del caso Colosio Miguel Montes García -quien fue ministro por unos cuantos meses-, y los ex presidentes de la Corte Carlos del Río y Ulises Schmill, así como el ex diputado perredista Miguel Angel García Domínguez, entre otros, reciben su remuneración mensual más el aguinado de ley.

Mención aparte merece el caso de Ernesto Díaz Infante, quien murió recientemente y estaba a la espera de ser sentenciado por segunda ocasión en el juzgado tercero de distrito de la ciudad de México, debido a su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho y contra la administración de justicia, pero como no había sentencia definitiva recibió su pensión hasta la muerte.

Gracias a que el pleno de ministros aprobó el acuerdo 11/2003 -el cual según el ministro Genaro Góngora Pimentel fue ilegal e inconstitucional, porque sin tener atribuciones para legislar los ministros aprobaron motu proprio homologar las pensiones de los ministros jubilados en 1994 y anteriores, con las previstas en la reforma constitucional de 1994-, el máximo tribunal eroga anualmente, sólo por concepto de pago de pensiones, más de 90 millones de pesos anuales.

Esto, sin contar lo relativo a los aguinaldos, que significan al menos otros 10 millones de pesos más.

De acuerdo con información oficial de la Suprema Corte, dos ministros en retiro reciben 263 mil 831 pesos mensuales, dos más perciben 192 mil 171, y los 33 que tienen más años de haber dejado el cargo se conforman con 188 mil 513 pesos mensuales brutos.

Cabe señalar que originalmente, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo resolvió en diciembre de 1994 disolver la integración de la Corte, de 21 ministros titulares más otros cinco de la sala auxiliar a un total de 26, y reducir a 11 el pleno, emitió un acuerdo que incrementaba el monto de las pensiones.

Pero al mismo tiempo, y como parte de una nueva política hacia los integrantes del máximo tribunal, estableció que los nuevos integrantes del organismo (a partir de enero de 1995) recibirían una generosa pensión que representaba ciento por ciento del sueldo, así como las mismas prestaciones económicas -pago de chofer, dos vehículos, apoyo para personal a servicio del ministro, seguro de gastos médicos mayores y gastos de representación que tuvieran en el activo durante los dos primeros años, periodo en que tendrían prohibido litigar-, y que posteriormente recibieran 80 por ciento del sueldo y prestaciones con la consecuente reducción proporcional.

Pero en octubre de 2002, 18 ministros jubilados, encabezados por Irma Cué y Noé Castañón, enviaron una carta al pleno en la que se quejaban de que sus pensiones no fueran similares a la de los ministros electos en 1995, es decir, que los 64 mil pesos que recibían desde que fueron liquidados, en diciembre de 1994, no eran suficientes.

Solícito, el ministro presidente, Mariano Azuela Güitrón, atendió el reclamo y lo llevó al pleno, donde con el voto en contra de Genaro Góngora Pimentel se acordó homologar las pensiones, en un acto que éste calificó de inconstitucional, porque los ministros habían ''legislado'' sin tener atribuciones para ello.

Ante la falta de transparencia de la Suprema Corte para entregar los nombres de los 37 ministros jubilados, se puede mencionar que, además de los ya mencionados, recibieron o reciben esa pensión: Salvador Mondragón Guerra, Ernesto Aguilar Alvarez, Arturo Serrano Robles, Raúl Lozano Ramírez, Fernando Castellanos Tena, Jorge Olivera Toro, Víctor Manuel Franco Pérez, Raúl Cuevas Mantecón, Manuel Gutiérrez de Velasco, Francisco H. Pavón Vasconcelos, Guillermo Guzmán Orozco y José de Jesús Duarte Cano.

Además del costo que significan las pensiones, la Corte tuvo que crear una instancia burocrática que atiende exclusivamente las necesidades de los jubilados, aunque por otra parte la misma Suprema Corte se niegue a dar a conocer los nombres de los pensionados, ''porque no guarda relación laboral con ellos''.