Actuó por venganza personal y familiar, dice
Revire a Carrillo Prieto: Nazar le imputa delitos
De la Barreda Solórzano lo acusa de inventar pruebas
Ampliar la imagen El ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro Foto: Cortesía de la PGR
Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), y varios de sus cercanos colaboradores que lograron encarcelar a Miguel Nazar Haro y obtener una orden de aprehensión contra Luis de la Barreda, ex titulares de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), pasaron a señalados por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de la justicia, coalición de servidores públicos y difamación.
Mediante una denuncia penal, Nazar Haro les imputó ayer esos delitos ante la Procuraduría General de la República (PGR), tras afirmar que Carrillo Prieto, "motivado por el afán de ser protagonista y verdugo en la vida política del país", y en complicidad con siete servidores públicos y agentes ministeriales de la Femospp, "manipuló testigos, falseó hechos y firmas, realizó investigaciones parciales, además de que asumió el cargo de manera ilegal, con la clara intención de conseguir órdenes de captura en contra de ambos".
La denuncia implica a los agentes del Ministerio Público Federal Raúl Pérez, Héctor Palacios y Gerardo Marquez, y a funcionarios de la Femospp: Fidelia García, Enoc Maldonado, Erika Flores, Félix Zacapala y quien resulte responsable.
En su demanda, a la que tuvo acceso La Jornada, Nazar pidió a la PGR la comparecencia como testigos de varios reporteros, para que ratifiquen el contenido de diversas entrevistas con el titular de la Femospp, a fin de demostrar que el inculpado no actuó en busca de la verdad jurídica, sino de una "venganza familiar y personal".
Entre los testigos, Nazar requirió a Gustavo Castillo, reportero de este diario, por la entrevista que publicó el 30 de enero de 2003, cuando Carrillo Prieto declaró que tiene un "compromiso moral" con los familiares de los desaparecidos y asesinados durante la llamada guerra sucia, entre ellos su tía Evangelina, madre de la ex guerrillera Denis Prieto Stock, María Luisa, quien falleció en febrero de 1974, durante un enfrentamiento con el Ejército y la policía judicial del estado de México.
Por la mañana, los abogados de Nazar Haro presentaron en la PGR la denuncia de hechos en la que el querellante pidió la aprehensión de Carrillo Prieto y sus presuntos cómplices.
A su vez, Luis de la Barreda Solórzano, ex ombusdman capitalino, en conferencia de prensa, cuestionó la "parcialidad" en las investigaciones del fiscal.
El hijo del capitán Luis de la Barreda Moreno aseguró que Carrillo Prieto distorsionó "e inventó pruebas en su afán de sostener imputaciones falsas" en contra de su padre, respecto de la matanza del 2 de octubre de 1968 y la desaparición del estudiante Héctor Jaramillo, en enero de 1969.
Frente a los reporteros indicó que a partir del análisis del pliego de consignación con el cual se obtuvo la orden de captura contra su padre, la fiscalía especial "procedió abusivamente", ya que nunca obtuvo pruebas de que hubiera participado "en la planeación y dirección del operativo" que desembocó en la matanza en Tlatelolco.
Por el contrario, dijo De la Barreda Solórzano, existe la prueba documental -una constancia médica- que acredita que el acusado estaba hospitalizado desde días antes de los hechos del 2 de octubre.
Además, sostuvo, en la resolución emitida respecto de la acusación por los hechos del 2 de octubre, y elaborada por el juez 15 de distrito, Ranulfo Castillo, "en el expediente no obra ninguna imputación, indicio ni elemento probatorio" para inculpar, no sólo a Luis de la Barreda Moreno, sino también a Miguel Nazar Haro y al ex presidente Luis Echeverría.
En una denuncia de 44 cuartillas, Nazar Haro expuso diversas irregularidades que demostrarían falta de probidad de Carrillo Prieto en el desempeño de sus funciones.
En la primera parte de la querella, el ex titular de la DFS refirió que el primer delito lo cometió Carrillo cuando asumió el cargo de fiscal, ya que legalmente debió declararse impedido para ello.
El argumento es que el funcionario de la PGR es primo de María Luisa, por lo que adquirió con la madre de ésta el compromiso de "vengar" la muerte de su prima. Los artículos 445 y 464 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica de la PGR, obligan a funcionarios del Ministerio Público a "excusarse" cuando tienen interés personal o familiar en alguna investigación.
Otra ilegalidad, según la querella, consiste en que Carrillo Prieto formó un grupo de trabajo con ex guerrilleros, entre ellos Mario Ramírez -ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre-, lo que no garantiza la imparcialidad en las investigaciones, pues estarían motivadas por un afán de venganza y no de justicia.
Uno de los elementos de prueba más sólidos contra el titular de la Femospp y coacusados, según el denunciante, es la manipulación de los testigos que en su momento declararon contra Nazar Haro para acusarlo de haber secuestrado a seis integrantes de la Brigada Campesina Los Lacandones, en 1974.
En marzo pasado, en el juzgado 12 de distrito, una supuesta testigo de la Femospp se desdijo de sus declaraciones contra Nazar. Al borde del llanto, Magdalena Tapia Orta refirió que "en realidad nunca conocí a Nazar Haro" y que su declaración ministerial la elaboraron dos personas de las que no supo su nombre y fueron a buscarla a Tlanepantla; "según las entrevistas eran para poder conocer dónde había quedado mi papá, pero me mintieron".