"El sistema de procuración de justicia está en crisis": gobernadora de Zacatecas

Es inaplazable reabrir el debate sobre los juicios orales, afirma De la Fuente

JOSE GALAN

En México hay preocupación genuina en diversos sectores sociales por el rezago del sistema judicial, y el gobierno federal -el que está en el poder y el que vendrá- tiene que aprender que el avance logrado en varias entidades federativas, donde se recurre ya a juicios orales, se ha sustentado en la madurez política necesaria para sobrepasar diferencias y construir consensos, advirtió Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al inaugurar el foro internacional Para escapar de la trampa de papeles: juicios orales, en el que también participaron los mandatarios de Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León y Oaxaca, De la Fuente consideró que las iniciativas emprendidas por esos gobiernos para instituir reformas a sus sistemas judiciales con el propósito de introducir los juicios orales son muestra de que en la pluralidad democrática se han constituido mecanismos que han permitido que los poderes públicos, sin perder autonomía, trabajen de manera coordinada.

De igual forma, que se edifiquen consensos fundamentales sin los cuales, expresó De la Fuente, es imposible pensar en cualquier reforma estructural. Subrayó que sin duda hay actualmente en el país una preocupación genuina y extendida en diversos sectores sociales frente a las insuficiencias y rezagos en nuestro sistema judicial. "No se trata de negar los avances ni de subestimarlos. Al contrario, de reconocerlos para que nos sirvan de base para poder plantear racionalmente la necesidad de emprender nuevos avances", añadió.

Sostuvo que reconocer insuficiencias "siempre es positivo" y "una dosis de autocrítica nos viene bien a todos", tanto en la vida personal como institucional y social -"ése es el espíritu que anima a la UNAM"-, y que al subsistir la percepción en los gobernados de que el sistema judicial muestra limitaciones y eso es algo que impide y obstaculiza la aplicación efectiva de la ley, entonces "hay que abrir nuevamente el tema y analizarlo a la luz pública, como en este foro".

Más adelante expuso que estudiosos del tema y expertos en la materia han documentado numerosos casos de procesos judiciales de tipo penal "que exhiben una pasmosa lentitud en el desahogo de los procedimientos, y que terminan afectando a víctimas inocentes de un sistema que aún no llega a tener la transparencia deseable en un régimen democrático".

En este contexto, a la luz también de las exitosas experiencias en algunos estados, afirmó que ha ido ganando terreno la propuesta de instaurar de nuevo, en otras entidades y a escala federal, los juicios orales. Se trata, continuó, de formular esquemas y propuestas que permitan fortalecer el sistema legal con un mayor sentido de justicia e imparcialidad, y consideró importante analizar a fondo cómo la modalidad de los juicios orales ayuda a respetar de manera más puntual los derechos humanos.

La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, admitió que el sistema de justicia en el país "ha entrado en crisis". Las leyes penales "son obsoletas" y existe una "insuficiente procuración e impartición de la justicia penal", añadió. No se han generado, advirtió, recursos humanos para las tareas de investigación, pese al "creciente fenómeno delictivo". Es hora, agregó, de corregir la situación para evitar mayores rezagos e impunidad. Por ello, dijo, hace falta una reforma constitucional que permita ese nuevo sistema judicial y penal, con el propósito de que haya equilibrio entre eficiencia, procuración de justicia y respeto a los derechos humanos.

Natividad González Parás, gobernador de Nuevo León -estado donde los juicios orales han avanzado con rapidez y eficacia-, informó que las reformas al sistema judicial estatal fueron producto de una consulta a la ciudadanía, y advirtió que actualmente se analiza en el Congreso de la Unión una enmienda constitucional sobre narcotráfico y narcomenudeo, "que cerrará la puerta a los juicios orales", particularmente para el narcomenudeo. Por ello llamó a los legisladores a escuchar las opiniones de los gobiernos de los estados y a analizar la posibilidad de introducir las correcciones necesarias.

Para José Reyes Baeza, gobernador de Chihuahua -entidad que también ha avanzado en esa innovación al sistema judicial-, es necesaria la reforma jurídica integral "para llevar al acuerdo real la igualdad de todos ante la ley". Anunció que en su estado se impulsará este año en el Congreso estatal la aprobación de las leyes secundarias para profundizar en la reforma estructural de los procesos de oralidad.

Finalmente, Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, sostuvo que con la oralidad "incursionamos en el ámbito penal, pero hemos abierto el debate para incluir más adelante los juicios de lo civil y de lo administrativo", en lo que llamó "la transformación estructural del procedimiento y el sistema judicial en su conjunto".