Incompleta, la reforma que tiene el Congreso, advierte análisis del CIDE
Juicio oral, "opción" para cambiar el sistema penal
El juicio oral y el conjunto de modalidades que invoca es la mejor política pública para cambiar el sistema de justicia penal en México, particularmente la "odiada" lentitud con que recibe denuncias e investiga delitos, y la incertidumbre e impunidad con que premia la carencia "casi total" de un proceso debido, afirma Roberto Hernández, investigador y académico del Programa de Presupuesto y Gasto Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En el análisis académico ¿Cuáles son los alcances del juicio oral ante los problemas del proceso penal en México?, considera que dicha práctica debe mejorar la rendición de cuentas de agencias del Ministerio Público (MP), tanto en lo que corresponde a la defensa como al ámbito de las judicaturas federal y estatales. "Hoy son instituciones oscuras e impenetrables para el ciudadano", sostiene.
En su análisis, el académico advierte que el Congreso tiene frente a sí una reforma del juicio penal que "tal vez es pertinente en su diagnóstico del problema, pero incompleta en puntos clave de la solución y técnicamente deficiente", y añade que "las fallas no son, como a algunos podrían parecer, detalles en el diseño legislativo ni imposiciones culturalmente ajenas: el contexto actual es la cultura del expediente, la infraestructura institucional inadecuada y la subcultura del juicio penal".
Considera que la reforma tiene que ser "intolerante" con esa cultura, y critica a sus autores porque "no tuvieron claro que en todo proceso de cambio hay que generar una modificación cultural y en la forma de estructurarse para producir ese cambio". En su análisis, presentado en el contexto del foro internacional Para escapar de la trampa de papeles: juicios orales, desarrollado en el Polyforum Cultural Siqueiros, Roberto Hernández sostiene que para el proceso penal será una gran hazaña pasar de una cultura legal que cree en los papeles a una que se confía en la oralidad, de una cultura legal de puertas cerradas a una de transparencia.
Si bien advierte que la propuesta legislativa es "muy valiosa" como punto focal de discusión, considera que la "vacilación acerca de si la aplicación de la reforma enfrenta la cultura del expediente, convoca el riesgo del fracaso de sus objetivos políticos.
"Es verdad que socialmente podría ser muy costosa la aprobación sin una discusión extensa que genere consensos acerca del problema y acerca de cómo poner en ejecución las soluciones. Sin embargo, la realidad es que también resulta ya muy costoso quedarnos con las instituciones de justicia con que hoy contamos. No podemos dejar pasar la posibilidad de cambiarlas", advierte.