Debe sancionarse penalmente a quienes hicieron uso excesivo de la fuerza, señalan
Amnistía Internacional y la ONU exigen una investigación exhaustiva
Amnistía Internacional (AI) y la oficina en México del Alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos demandaron ayer a las autoridades mexicanas "iniciar de inmediato investigaciones penales imparciales y exhaustivas sobre las denuncias de abuso sexual y malos tratos en con- tra de las mujeres detenidas en Salvador Atenco el 4 de mayo pasado por policías estatales y federales".
También solicitaron que se investiguen las denuncias de "uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y violaciones al debido proceso contra las personas detenidas, que se hagan públicos los resultados y los responsables sean llevados ante la justicia", y que se garantice la seguridad de las personas detenidas.
La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU advirtió, por su parte, que el uso desproporcionado e indebido de la fuerza por servidores públicos "demerita el respeto y la efectiva realización de los derechos humanos, e impacta de manera negativa la vigencia del estado democrático de derecho en México".
Asimismo, destacó que la labor de los servidores públicos "está sujeta a limitaciones específicas sobre el uso de la fuerza. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley puede infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior como justificación de esos actos".
Hace notar, además, que como principio internacionalmente aceptado "el Estado no podrá invocar circunstancias excepcionales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estas normas".
AI, en tanto, instó a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre la forma en que se realizaron los operativos policiacos en Atenco, y que "haga rendir cuentas de sus actos a todos los responsables de abusos, incluidos los altos cargos".
Manifestó también su preocupación "por la seguridad de las 28 personas que aún permanecen detenidas y por la de quienes enfrentan cargos en relación con las protestas y enfrentamientos con la policía que tuvieron lugar en San Salvador Atenco".
En un comunicado, informó ayer que ha recibido informes sobre "graves violaciones" de derechos humanos contra personas que fueron detenidas durante los violentos enfrentamientos en Atenco. De acuerdo con esos reportes, abunda, "al menos 23 mujeres sufrieron abusos sexuales mientras estuvieron detenidas".
Señaló que "al menos 23 mujeres presentaron denuncias de tortura y malos tratos, incluidos abusos sexuales, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y afirmaron que agentes de policía las habían obligado a subirse la ropa por encima de la cintura y les habían tocado las partes íntimas y, en algunos casos, les habían introducido objeto en ellas.
"Según los informes, a algunas de las mujeres también las obligaron a mantener sexo oral. Las autoridades federales y estatales han rechazado las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la misma autoridad encargada de acusarlas, que ha pasado por alto los indicios de malos tratos en el momento de la detención", apunta AI.
Dio cuenta también que otros testimonios "demuestran que la policía hizo uso de fuerza excesiva contra manifestantes y transeúntes, independientemente de si participaban en las protestas o en actos violentos
"Además -abundó-, según los informes, a las personas detenidas se les ha maltratado, se les ha mantenido en régimen de incomunicación y se les ha negado el acceso a atención médica adecuada, a su familia y a asistencia letrada durante el periodo inicial de detención.
"Algunos agentes de la policía recibieron la orden de pegarle a los detenidos cuando no hubiera medios de comunicación. Pese a esta sólida prueba de abusos de la policía, las autoridades han afirmado que se limitaron a aplicar la ley y, hasta el momento, no han mostrado un compromiso serio de investigar imparcialmente los presuntos abusos"
AI refirió que según la procuraduría mexiquense ha presentado cargos contra 189 de las 211 personas detenidas en los operativos policiacos. De éstos, 144 han quedado en libertad bajo fianza por cargos menores, y los restantes están bajo custodia en espera de ser "juzgadas por secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación".
Entre los acusados por delitos menores que no han sido puestos en libertad bajo fianza, puntualizó, se encuentran los defensores de derechos humanos Damián Camacho, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de México, y Pedro Alvarado, del Comité de Derechos Humanos del Ajusco.
Precisó que cinco personas extranjeras, tres mujeres y dos hombres, fueron expulsadas del país, y según los informes, "las tres mujeres también fueron sometidas a humillaciones y abusos sexuales mientras estuvieron bajo custodia de la policía".