Debe investigarse a funcionarios, plantea jurista
Robledo y otros mandos podrían ser responsables de los abusos
Las autoridades de procuración de justicia del estado de México y de la República están obligadas legalmente a investigar si las "extralimitaciones policiacas" y los "actos de violencia" en que incurrieron agentes locales, estatales y federales el pasado 4 de mayo, durante el operativo para contener a los habitantes de Atenco y Texcoco, "fueron ordenadas y/o consentidas por los secretarios de Seguridad Pública estatal y federal, los directores de las diferentes policías, el procurador mexiquense o el propio gobernador del estado", con el propósito de que se puedan fincar responsabilidades penales no sólo a los policías, sino también a sus superiores, consideró el abogado Julio Hernández Pliego, especialista en derecho penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista telefónica, el jurista refirió que si la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), o la Procuraduría General de la República (PGR) -en caso de que se tipifiquen delitos federales- sólo consignan ante un juez a agentes operativos y soslayan la responsabilidad de los mandos medios y superiores en los abusos, se pondría en evidencia que hay un afán de proteger a la gente cercana al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Sobre las presuntas violaciones y ataques sexuales de los cuales fueron víctimas 23 de las mujeres detenidas en ese operativo durante su traslado al penal de Santiaguito, en Almoloya, el penalista y autor del libro El proceso penal mexicano refirió que el procurador mexiquense, Abel Villicaña, debe interrogar a los elementos y oficiales que realizaron el operativo, para que revelen si actuaron por decisión propia o con el consentimiento de sus superiores.
Ayer, Villicaña informó que se inició una averiguación previa contra 41 elementos y tres oficiales de Agencia de Seguridad Estatal que estuvieron a cargo del traslado de los detenidos de San Salvador Atenco, y que sólo ocho elementos de la corporación serán investigados administrativamente por la contraloría de la Secretaría General de Gobierno, por los excesos cometidos durante los operativos policiacos de 3 y 4 de mayo en Atenco y Texcoco.
Hernández Pliego, profesor de derecho penal en la UNAM, indicó que existen posibilidades de que mandos superiores, inclusive el propio secretario de Seguridad Pública mexiquense, Wilfrido Robledo, tengan alguna responsabilidad penal en las presuntas violaciones a los derechos humanos de los más de 200 detenidos, pero aclaró que para ello es necesario "determinar bien cuáles son los hechos reales, derivados de las denuncias penales que ya se hayan presentado en la PGJEM o en la PGR".
Agregó que a simple vista, por lo que se pudo observar de las imágenes televisivas sobre esos hechos, "se aprecia que algunos de los policías de distintas corporaciones agredieron innecesariamente a algunos civiles, y me refiero que fue innecesario porque cuando ya estaba sofocada la reyerta, cuando los inconformes ya estaban sometidos, hubo actos de violencia que ya no se justifican".
La legislación penal en el país, indicó el jurista, "autoriza al que se defiende inclusive a matar al agresor sólo mientras la agresión dilate y se sostenga, pero una vez que ha cesado la agresión, ya no se justifica ninguna acción en contra del agresor; la ley penal califica esos actos como exceso en la legítima defensa".