Analizan llevar el caso ante algún órgano internacional de los derechos humanos
Pactó la Congregación para la Doctrina de la Fe con un criminal, dicen víctimas
Ampliar la imagen José Barba, Saúl Barrales, Alberto Athié, Arturo Jurado y Juan José Vaca, acusadores de Marcial Maciel, en entrevista con La Jornada Foto: María Luisa Severiano
El comunicado del Vaticano sobre el caso de Marcial Maciel Degollado provocó el enojo de algunos de los primeros denunciantes de abusos sexuales que infligió en su contra el fundador de los Legionarios de Cristo, a tal grado que determinaron presentar el caso ante una instancia internacional de derechos humanos, con el propósito de alcanzar justicia.
José Barba, Saúl Barrales, Juan José Vaca y Arturo Jurado, acompañados por el ex sacerdote Alberto Athié, consideraron que el mensaje difundido ayer de manera oficial por la oficina de prensa del Vaticano, del cual se enteraron de manera indirecta -por los medios informativos-, es el resultado de una "negociación entre la autoridad de Roma, representada por el cardenal William J. Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el sacerdote Maciel, para darle una salida que beneficie a las dos partes", y da por concluido el caso.
La falta de severidad del cardenal Levada contra las acciones ilícitas cometidas por Maciel saltan a la vista para la parte ofendida, y comparan el fallo con la primera sentencia que aplicó al frente de su dicasterio, el 19 de julio de 2005, contra el fundador de la Congregación de los Siervos del Corazón Inmaculado de María, el sacerdote Luigi Burresi.
Para este último caso, el prefecto emitió un decreto en el que especifica ampliamente las sanciones canónicas a que se hizo acreedor el italiano de 74 años, por abusos en las confesiones y en la dirección espiritual de la orden, más vejaciones sexuales -estas últimas citadas de manera extraoficial por fuentes vaticanas- contra antiguos discípulos o seminaristas durante los años 70 y 80. En cambio, para el caso del religioso mexicano, emitió un comunicado de sólo cinco párrafos.
Acerca del anuncio de que no se abrirá un proceso canónico contra Maciel por su edad avanzada (tiene 85 años) y su "débil salud" y la invitación a llevar una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público, la parte ofendida aseveró que Roma nunca asume que siguió un juicio en su contra, ni le dicta sentencia. Ni siquiera admite que a Maciel se le denunció por absolución de cómplice, ilícito que nunca prescribe para la Iglesia católica e implica la máxima pena: la excomunión.
Nadie, señaló Juan José Vaca, puede abusar de alguien, confesarlo, absolverlo y mandarlo a comulgar. "Eso implica la absolución cómplice y, por tanto, se le debió rebajar al estado laical", y así tenía que informarse desde el Vaticano.
A su vez, Barrales advirtió: "Que no nos vengan ahora con el cuento de que la praxis de la Santa Sede ahora es que cuando uno tiene edad avanzada ya no se le sanciona".
Eternas irregularidades
El ex sacerdote Athié, quien a través del obispo emérito Carlos Talavera presentó en 1999 al hoy papa Benedicto XVI -cuando éste era cardenal y se encontraba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe- el testimonio del abuso sexual que infligió Maciel al fallecido ex legionario Juan Manuel Fernández Amenábar, condenó las irregularidades con que "siempre" se ha conducido Roma en este asunto.
Desde el principio entrevimos cuáles eran las intenciones al respecto, aseveró. "La respuesta verbal del cardenal Joseph Ratzinger al obispo Talavera fue: 'lo lamento mucho, monseñor; el caso del padre Maciel no se puede abrir, porque es una persona muy querida del Santo Padre (Juan Pablo II) y ha hecho mucho bien a la Iglesia. No es prudente, lo lamento'", recordó. Además, nunca dieron un acuse de recibo cuando se presentaron las denuncias, abundó.
"Nosotros concluimos que la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por un cardenal americano (Levada), que viene del peor conflicto de la Iglesia de Estados Unidos (paidofilia), no ha entendido el problema, y prefirió negociar con un criminal, abusador de menores, encubierto por la institución durante 52 años. Los términos de la negociación son: 'yo renuncio a hacerte un juicio y tú renuncias por tu cuenta a ejercer el ministerio. Llegamos a una final conclusión, alegre y benefactora para todos'. Es increíble, increíble", subrayó.
En coincidencia, José Barba refirió que el comunicado del Vaticano se presta "más a confusión que a solución, además de que, a mediano y largo plazos, los Legionarios de Cristo estarán diciendo que su líder nunca fue condenado". Ante eso hay que hacer una consulta con especialistas en derecho internacional para llevar el caso ante ese tipo de instancias. Para Roma, añadió, el caso finalizó y por tanto se agotó esta vía, lo que nos abre la posibilidad de acceder a la otra. El asunto es estudiar a fondo los conflictos de intereses que hay en la Iglesia y cómo se conduce con doble moral.
Sin embargo, el sacerdote Antonio Roqueñí, representante legal de los primeros ocho denunciantes contra Maciel ante el Vaticano, discrepó, en entrevista por separado, de las tesis anteriores, al plantear que la negociación entre Roma y el sacerdote inculpado no fue la sentencia, sino la manera de comunicarla. "Evidentemente hay una suspensión (a divinis) y está aplicada y hay un observador permanente de la Santa Sede encargada de verificar su aplicación, pero, en lo que toca al derecho, es desilusión para un jurista ver cómo manipulan el derecho canónico al antojo de los caprichos de la gente poderosa. La sanción públicamente se desvirtuó para que la gente no la conozca".