BBVA y Zurich transfieren fondos de las compañías petroleras a la YPFB
Reprocha La Paz a latifundistas su rechazo a la segunda reforma agraria
Terratenientes crean "grupos irregulares" para impedir reparto de suelos, acusa ministro
La Paz, 19 de mayo. El ministro boliviano de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, calificó de "inapropiada e injusta" la movilización de sectores "verdaderamente productivos" que rechazan la reforma agraria que impulsa el presidente Evo Morales, y denunció que terratenientes están formado grupos irregulares para resistir.
En paralelo, esta tarde se concretó la transferencia al Estado boliviano por parte del grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y del suizo Zurich Financial Services de las acciones que administraban en tres petroleras en proceso de nacionalización a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La transacción de los fondos de las empresas petroleras capitalizadas Chaco (British Petroleum), Andina (Repsol-YPF) y Transredes (Enron y Shell), estimados inicialmente en unos 720 millones de dólares y que se materializó en 671 millones de dólares, permite al Estado controlar 51 por ciento de tales activos.
Jorge Alvarado, presidente de YPFB, y Javier Aneiba, gerente general de la Entidad de Depósito de Valores (EDV), explicaron que con estas acciones la refundada paraestatal podrá acceder a créditos de entre mil 500 a 2 mil millones de dólares, lo que permitirá a YPFB participar en actividades de exploración, explotación, transporte e industrialización, es decir, en toda la cadena hidrocarburífera.
Aneiba indicó a radio Erbol que el valor de las 18 millones de acciones transferidas electrónicamente sirve de aval a YPFB para cualquier operación financiera. Subrayó que no se hizo ningún traspaso de dinero, sino únicamente de acciones tras la apertura de una cuenta bancaria, de modo que el fondo de pensiones Previsión, de BBVA, y Futuro, de la entidad suiza, hicieron los depósitos correspondientes.
No obstante, Previsión (BBVA) informó en un desplegado que entregaba las acciones de las petroleras a YPFB, pero al mismo tiempo estaba interponiendo un "recurso indirecto de inconstitucionalidad" contra el decreto para proteger los derechos de los beneficiarios del Bonosol, un bono para personas mayores que pasan a retiro.
La empresa española subrayó que se acude a ese recurso "ante la posibilidad de que dicho decreto pueda vulnerar la ley que encomendó a las Asociaciones de Pensiones la administración del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) para cumplir la finalidad de atender el pago del Bono Solidario (Bonosol) y gastos funerarios". Estimó que debería haberse modificado la estructura del FCC "con una norma de rango adecuado".
Con todo, aseveró que las Asociaciones de Pensiones seguirán operando en el mercado de pensiones de Bolivia, en el que tiene un Fondo de Capitalización Individual con más de 500 mil afiliados y un patrimonio de 8.3 millones de bolivianos (casi un millón 37 mil 500 dólares).
En tanto, las declaraciones del ministro Hugo Salvatierra, titular de Desarrollo Rural, se produjeron en respuesta a una movilización de unas 10 mil personas de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, en la ciudad beniana de Riberalta, donde afirmaron que defenderán "con la vida" sus tierras contra la "segunda reforma agraria" anunciada por el gobierno de Morales.
Salvatierra acusó a latifundistas de estar promoviendo "zozobra" y enfrentamientos mediante la tergiversación de la información, y de crear "grupos irregulares" para impedir el reparto de la tierra. El gobierno prevé la dotación de 4.5 millones de hectáreas de tierras entre campesinos y pueblos originarios.
En entrevista con corresponsales de medios extranjeros, aseveró que se afectarán latifundios, las tierras improductivas. Reveló que 400 familias controlan 60 a 70 por ciento de la tierra en el país, pero aclaró que la propiedad privada productiva "está garantizada", igual que las tierras de los pueblos originarios.
Explicó que para complementar el reparto, el gobierno de Morales cuenta con un crédito de 100 millones de dólares aportados por Venezuela para crear un fondo de desarrollo agropecuario. A éste se sumarán aportes de la cooperación internacional e incluso un crédito que se gestiona con el Banco Mundial pero, subrayó, sin imposiciones, respetando la política determinada por el gobierno.
El citado fondo, derivado de una asociación con Cuba y Venezuela, se aplicará al desarrollo de proyectos agropecuarios lecheros, de procesamiento de alimentos, miel y soya. Incluye además partidas para la compra de la deuda de campesinos con bancos, para evitar que pierdan su maquinaria y cosechas.
Respecto a los "grupos irregulares" que existen, Salvatierra, cruceño de origen, mencionó que en el norte de Santa Cruz conoce a un caballero que posee cinco propiedades que totalizan una superficie de 102 mil hectáreas y es presidente del Comité de Defensa de la Tierra y se oculta detrás del Comité Pro Santa Cruz.
Además, dijo, convoca al uso de las armas y compra o alquila servicios de sicarios y provoca las masacres que ha habido, los desaparecidos o los enfrentamientos registrados en los Yuquises. "Estoy dando parámetros de una alta concentración de tierra en pocas manos no productiva, que es lo más grave", destacó.